Las nuevas restricciones impuestas por el Govern de Armengol ante el avance imparable de la pandemia solivianta a empresas y trabajadores de la hostelería, que manifestaron frente a Consolat y Parlament su indignación y su protesta. Los manifestantes intentaron en vano reunirse con la presidenta, que había programado su presencia fuera de Palma para evitar la manifestación. Se produjeron algunos incidentes, como una pedrada que rompió el cristal de una ventana en el Parlament. La delegada del gobierno, Aina Calvo, declaró el miércoles que los manifestantes pusieron en riesgo su vida y la de su entorno; también que podía expresarse la disconformidad con las medidas tomadas, pero había que buscar otras fórmulas para expresarla. Tiene razón la delegada, pero esta es una razón basada en los protocolos vigentes que no pueden tener en cuenta el estado de desesperación en el que se encuentran esos colectivos; que sólo se explica por la situación de desamparo en la que se encuentran y que se ve agravada por unas decisiones tomadas sin información previa al sector y ningún diálogo, y que ha obligado al Govern (Negueruela) a sentarse con las organizaciones afectadas para intentar paliar las consecuencias de las duras restricciones acordadas. Lástima que no se hubiera actuado antes.
En una situación límite como la que vivimos, parece obvio que las medidas adoptadas por las administraciones no son suficientes, a la vista de lo que está sucediendo en otros países como Alemania donde, además de los Ertes, el Gobierno ha establecido un programa de ayudas económicas a las empresas. La supervivencia de las empresas supone también la supervivencia del empleo. Mientras en España hay un 79% menos de trabajadores en Erte, Alemania ha recuperado el 72%, Francia el 65%, e Italia el 56%. Hay que considerar que la crisis de la hostelería es España es superior a la de Francia e Italia. El sentimiento en los sectores más afectados, no solo de la hostelería, pensemos en el taxi, los guías turísticos, la cultura, el pequeño comercio, etc., es de desamparo cuando se constata que se aumentan las pensiones y el salario de los funcionarios y se compara con lo que sucede en la empresa privada, como si el Estado se desentendiera de su situación. Es muy duro seguir exigiendo los impuestos y las tasas correspondientes al ejercicio de la actividad empresarial cuando este mismo ejercicio y sus ingresos están imposibilitados por las medidas legales contra la pandemia. Si el Estado limitara o redujera su acción, el gasto público, deterioraría aún más la situación por lo que no parece que exista más alternativa que seguir endeudándose, no sólo para reestructurar la economía e impulsar la digitalización con los fondos procedentes de la UE, como se ha afirmado hasta ahora, también para posibilitar, al menos, la supervivencia de las empresas, sus trabajadores y los autónomos hasta que la vacunación masiva permita el remonte de la economía.
La tercera ola se está agravando y es lógico pensar que el número de contagios, de ingresados en los hospitales y de las muertes siga aumentando con una situación imposible tanto en Son Espases como Son Llàtzer como en los hospitales de Inca y Manacor. En Balears hemos tenido la suerte de que Filomena no se haya cebado con nosotros como lo ha hecho con gran parte de España. A perro flaco todo son pulgas y así es la situación en otras comunidades, como Madrid, Castilla-La Mancha o la comunidad Valenciana. Parece como si la fatalidad del año 2020 quisiera extenderse y agravarse en 2021. Así, aparecen nuevas cepas del coronavirus en Sudáfrica, UK y otros países, mucho más contagiosas y que hacen dudar de la eficacia de las vacunas. Andalucía, ante la saturación de los hospitales, ya ha solicitado del Gobierno el confinamiento en toda España.
Una primera reflexión. La respuesta de las autoridades municipales de Madrid ante la nevada ilustra la postura de los políticos. Los meteorólogos habían realizado un pronóstico acertado de lo que se avecinaba. Pero los vehículos atrapados en las autopistas, M-40, M-30 de Madrid y otros lugares de la península, muestran cómo la situación no había sido interiorizada, ni mucho menos, por los ciudadanos. Ahí cabe responsabilizar a todas las administraciones, empezando por el Gobierno de España. Las dramáticas situaciones evidencian que los avisos gubernamentales no se correspondieron con las amenazas que se cernían sobre el país anticipadas por los meteorólogos. Almeida argumentaba que no fueron más contundentes para que no se les acusara de sembrar la alarma y el pánico. Pues bien más vale pasarse en la alarma que quedarse cortos, el perjuicio, como en este caso, es mucho peor. La clase política tiene como prioridad el voto, no sólo en la campaña electoral; no lo que es obligado hacer en cada momento para defender los intereses generales. Y así nos va. Nadie asume el riesgo de equivocarse. Y en esta situación aparecen muestras de altruismo y generosidad. Pero también nos revela lo peor del alma humana, con los ejemplos que se han vivido, como saqueos en vehículos abandonados o destrucción de transportes públicos. Asusta pensar lo que podría suceder en catástrofes peores.
Otra reflexión. Es preciso acelerar la aplicación de las vacunas; si no perderemos en Balears la próxima temporada turística. No podemos seguir con el ritmo pausado con el que las aplicamos. Es el único remedio para reducir, tanto en la salud como en la economía, los efectos de la pandemia. Mientras en Nueva York ya vacunan en los estadios deportivos y en Francia o Inglaterra en grandes superficies, y en Israel en carpas por las que pasan ciudadanos al volante de su coche, aquí la administración pone pegas a las farmacias, exigiendo unos protocolos imposibles de cumplir en muchos casos. Por qué no vacunar en la calle, por qué no pedir más colaboración a la sanidad privada, por qué no solicitar la colaboración de sanitarios como los farmacéuticos, por qué no emplear más el ejército, por qué no formar aceleradamente a personal de protección civil con conocimientos de sanidad para incorporarlos a la tarea. Y no se entienden los remilgos de algún sector sanitario invocando competencias profesionales. Estamos en riesgo extremo. Y para una situación así no valen las regulaciones de la normalidad. A ver si se enteran. Y hacen algo más que decretar restricciones y pedir responsabilidades a los ciudadanos.
