Desafectados: «manca finezza»

Ni Palma es Washington, ni Francina Armengol i Socías es Nancy Pelosi. Pero mientras los indignados hosteleros gritaban ante el Consolat, el fantasma del negacionismo estuvo en más de una mente. Falso: lo único presente era un conjunto de desafectados que habían decidido expresar su desacuerdo no con la política gubernamental - que también - sino con la clase dirigente de estas islas. El peligro es que la desesperación es un arma de doble filo y crea fáciles víctimas en manos de gente sin escrúpulos. Y en estos momentos, una parte importante de la población está entre la espada y la pared. La propia Aina Calvo i Sastre ha manifestado «su sorpresa» tanto por el «elevado número» de ciudadanos manifestados como por «su violencia». Si le hacemos caso, tenemos muchos motivos para preocuparnos. Si lo vivido en el Passeig Sagrera fue violencia es muy posible entonces que tengamos una Delegada del Gobierno que aún viva en el siglo veinte, a la par que desconozca el poder real de las redes sociales. En el primer caso es realmente preocupante: que pregunten a cualquier víctima de violencia de género. Le podrá explicar en qué consiste el abuso continuado mediante fuerza física o anulación psicológica. No cuatro gritos extemporáneos.

La desafección no es nueva. Demuestra un divorcio cada vez más grande entre clase productiva y política. Viene de lejos y en España ya lleva décadas de recorrido. Paradójicamente, su gran valedor mediático es hoy vicepresidente del Gobierno. Para desgracia de los titulares de un sillón en el Parlament o Consells Insulars: cada vez se hace más evidente, más tosca y - espero equivocarme - será menos llevadera. Porque la «sorpresa», para muchos, no fue el número de gente harta. Irrelevante a todas luces. Sino que los síntomas de rebelión no hayan empezado antes. No será que no hayan tenido oportunidades los legisladores para congraciarse con la ciudadanía. Desgraciadamente, la lista en cuanto a falta de empatía es muy larga.

La muestra podría, desgraciadamente, ocupar mucho espacio. Demasiado. Sin ir más lejos: la no derogación de impuestos locales o centrales (tal como se ha hecho en otros países de mayor raigambre liberal, por cierto) o la incomprensible orden de no derogación de impuestos locales que por parte del Consell de Mallorca se impuso a aquellos ayuntamientos no querían hacerlos efectivos. Ambos, en pleno estado de alarma y, por supuesto, ahora mismo. O la noticia que protagonizaron los grupos representados en el Congreso y Senado. Partidarios de seguir cobrando - Unidas Podemos fue la única excepción al desatino- dietas parlamentarias en unas Cortes cerradas. Ha habido honrosas excepciones: Alberto Núñez-Feijoo y su Gobierno acordaron donar el 30% de su nómina a la lucha contra el covid-19. Había elecciones al cabo de un mes, ciertamente. Pero el conjunto de clase política gallega -se sumaron todos los grupos parlamentarios- puso en evidencia a las mismas Cortes españolas y a la mayoría de Parlamentos autonómicos españoles, quienes en las mismas fechas se escudaron en la «dificultad de cambiar» reglamentos de similares características de sus respectivas cámaras para no tomar similares decisiones. Episodios como el vivido hace unas semanas en el Parlament de les Illes Balears a raíz del complemento de los 22.000 euros de insularidad pusieron sobre el tapete cuál es el verdadero orden de prioridades para algunos: «A mí no me salen los números». Un insulto para muchos. Pero ahí sigue, representando a los descamisados.

No ha sido hasta la presentación de los Presupuestos Generales del 2021 que hemos visto qué preferencias se puede haber tenido en su elaboración. Todos sabemos que gobernar es difícil. Cierto. Pero siendo sinceros, se ha perdido una gran ocasión de identificarse con la sufrida clase productiva de este país. Con hechos y no con préstamos. Con dinero y no con palabras. Porque podríamos decir con orgullo que nuestra comunidad, ciertamente, ha congelado el sueldo a sus altos cargos públicos... de la misma manera que ha recortado el poder adquisitivo a gran parte de sus funcionarios, si hacemos caso de los sindicatos UGT, CC.OO, SATSE, SIMEBAL, STEI, CSIF y Alternativa. De haber un poso de verdad en las afirmaciones sindicales -sin intentar dar razones, pero tanta gente no puede equivocarse a la vez- decenas de miles de trabajadores públicos han visto presuntamente incumplidos sus convenios colectivos. Además de que añaden dos incómodas preguntas que nadie -ni por parte del Govern, ni de la oposición: aquí Biel Company, Josep Melià o Jorge Campos Asensi callan, presuntos cómplices de la situación- ha sabido contestar. La primera cuestión es si en esta congelación de sueldos entran también las dietas, las parlamentarias incluidas. Y es aquí donde los teóricos antagonistas devienen cómplices de un silencio demasiado habitual en estas fechas: en temas del dinero, suele haber una presunta unanimidad. Primer silencio. La segunda versa sobre el porqué los altos cargos no decidieron bajarse los sueldos. Aunque hubiera sido de manera anecdótica, la potente imagen solidaria habría calado. Sin duda. Mensaje que ha sido interiorizado por poblaciones tan distantes como Japón, Singapur, Tailandia, Nueva Zelanda, Filipinas Bolivia, Uruguay, México, Ecuador...Países donde sus gobernantes han donado un mes de su sueldo a la lucha contra el Sars-Cov-II o un 20% de su anualidad bruta. Segundo silencio.

De hecho, la única respuesta la dio Pedro Sánchez, quien anunció hace unas semanas su incremento salarial: un 0.9%. «Como el resto de los funcionarios del Estado», adujo. ¿Sostenella y no enmendalla? Juzguen ustedes. Mientras, se conocía que Patrimonio Nacional estaba pagando los guardaespaldas de Juan Carlos I en Dubái. O que el PSOE se resiste a una simple comisión de investigación sobre las famosas «tarjetas black» reales… Que nadie se extrañe de la desafección. Entre otras razones, quizás porque falte lo que en su día Giulio Andreotti llamó muy acertadamente «finezza».