El proceso de vacunación en las residencias de ancianos de Balears ha concluido con un dato muy preocupante, el 40% de los trabajadores de estos centros se ha negado en redondo a que se les administrara la primera dosis del remedio de Pfizer, ni siquiera para proteger a las personas más vulnerables que les rodean, ni siquiera por el plus de responsabilidad que se le supone al personal de estos centros sociosanitarios, ni siquiera por la memoria de las 221 personas que han fallecido en los geriátricos de las islas desde que comenzó la pandemia. Ha prevalecido su sacrosanta libertad individual. Y yo añado que también su ignorancia y sus prejuicios. No hay otra salvación contra la covid-19, pero ellos, agraciados con el privilegio de ser los primeros en recibir gratis la vacuna, la han rechazado, incluso después de ver los devastadores efectos del virus a su alrededor.
Las residencias de ancianos de Balears concentran el 45% de todos los fallecidos en las islas durante la pandemia. Ahora, gracias al proceso de vacunación, tenemos datos que añadir a su muy deficiente gestión privada y también pública. Los antivacunas se encuentran entre sus plantillas y son los responsables de cuidar a las personas mayores usuarias, quizá no en un porcentaje del 40%, porque también pudo haber trabajadores que por otros motivos no pudieron asistir al proceso de vacunación. Pero ahí están, como si la pandemia no fuera con ellos, como si en realidad no fuera con cada uno de nosotros. No se entiende la benevolencia de las autoridades sanitarias con estos individuos que debilitan la respuesta social al virus y se burlan de la factura sanitaria, social y económica que estamos pagando.
