La ansiada vacuna no llega. Es decir, llega a cuentagotas y, encima, se queda en los almacenes en buena parte. Los datos proporcionados por las comunidades autónomas que, en el plan diseñado por el Gobierno, son las responsables de poner las vacunas, cifran en un 28% de las recibidas las que se inyectaron durante la primera semana. Y tenemos suerte porque si hubiese sido el aún ministro de Sanidad el responsable, siendo así que ejerce como candidato a presidente de la Generalitat desde que la noticia se hizo pública, es fácil imaginar lo que habría sucedido sin más que acordarse de cómo ha manejado todas y cada una de las medidas de lucha contra la pandemia. En uno de sus últimos actos como ministro, Salvador Illa había prometido que habría 33 millones de españoles vacunados antes del verano. Esa estación comenzará el día 21 de junio, es decir, cuando hayan transcurrido 24 semanas del año en curso. Si se vacunan, como en la primera de la campaña, 100.000 personas dentro de cada una, harán falta hasta 330 semanas para completar la cifra de los 33 millones. Es decir, más de seis años.
La enorme discrepancia entre las cifras de vacunas prometidas y realizadas no sé si se debe a la incompetencia del aún ministro para el cálculo, siendo así que es de letras, o a que los números se dan al buen tuntún, como sucede desde que comenzó la pandemia sea quien sea el portavoz gubernamental que hable. Pero lo que parece obvio es que al Gobierno le importan mucho más los indultos —cómo sacarles provecho electoral y no un tremendo varapalo— que las vacunas. Porque, de lo contrario, se habría recurrido ya a la única solución viable para poder inocular con rapidez a un número suficiente de personas: que se usen los medios con los que cuenta el ejército.
De hecho, el ministerio de Defensa compró en los últimos días del año pasado tres ultracongeladores para poder almacenar la vacuna de Pfizer en el Centro Militar de Farmacia de la Defensa situado en Madrid. Y la ministra del ramo, Margarita Robles, manifestó hace un par de días la disposición de las Fuerzas Armadas no sólo a almacenar las vacunas sino a aplicarlas si se lo requieren las autoridades sanitarias. Pero la ministra añadió que ninguna de ellas lo había hecho.
Resulta un misterio por qué razón no es el propio Gobierno el que, utilizando el estado de alarma que con tanto empeño hizo que el Congreso le autorizase, pone en marcha al ejército para que nos vacunemos cuanto antes. Si el motivo no es técnico, sólo puede ser político. Y a tal respecto resulta imposible olvidarse de que el gabinete de coalición está sostenido, entre otros grupos, por Esquerra Republicana de Catalunya, por Bildu y por el PNV. ¿Será que meter al ejército a vacunar pone en peligro ese sostén?
