La sentencia del Tribunal Supremo (TS) que condenó a los políticos independentistas catalanes a abultadas penas de cárcel por delitos de sedición fue venganza política. El presidente de la Sala de lo Penal Manuel Marchena dirigió perfectamente orquestada representación política, de revancha del Estado contra los responsables de una situación absurda, desquiciada, lejos de cualquier sentido político y, por supuesto, ilegal. En lo acontecido no hubo sublevación susceptible de ser tachada de sedición. Aquello fue patochada, en la línea acostumbrada por el independentismo catalán, tan proclive a ensoñaciones fuera del tiempo y el espacio en el que deberían ser capaces de entender que se desenvuelven. Junqueras y Puigdemont exhibieron comportamientos decimonónicos, parecidos a los cantonalistas del «Viva Cartagena» en la que desembocaron los proyectos federalistas de la Primera República (1873). No hubo violencia (salvo la policial) en los sucesos del uno de octubre de 2017. No constituyeron acto de sedición. Básicamente representaron bufonada que encabronó al llamado Estado profundo tras quedar inerme el presidente del Gobierno Mariano Rajoy. Actuó el Estado. Sobreactuó. Marchena, dirigiendo los pasos del instructor Llarena, auxiliado por belicosos fiscales, puso en marcha la máquina judicial. Antes, el teniente coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos, se encargó de soliviantar las siempre dispuestas pulsiones hispanas de disciplinar a los irredentos políticos catalanes. En conjunto, descomunal desatino.
Así estamos. Poco importa que el actual presdiente del Gobierno diga una cosa por la mañana y la contraria por la tarde. Lo viene haciendo desde que llegó a Moncloa. Desconocemos a político que no se desmienta a sí mismo un par de veces al día, salvo que mantenga la boca cerrada. Pablo Casado está en condiciones de ilustrar sobre el particular a Pedro Sánchez: miente tanto o más que el jefe del Ejecutivo. Lo que interesa es que cuanto antes los políticos presos (resistamos la tentación de llamarles presos políticos) salgan a la calle y empiecen a hacer política, en el caso de ser capaces. Parece que a algunos de ellos se les han pasado las ganas de organizar estropicios institucionales, violentar el marco jurídico que les posibilita actuar en las instituciones del Principado, estar presentes en las Cortes Generales españolas. En el fondo a más de uno la independencia de Cataluña les importanta un bledo, tanto como a quien fue el primer muñidor del desaguisado: el expresidente de la Generalitat Artur Mas, que cuando vinieron mal dadas y tuvo que meter tijera por la crisis económica de 2009 decidió echarse al monte en busca de una coartada sabiendo de la estulticia de Rajoy, responsable por inacción, del desastre.
¿No hubiera sido suficiente proceder a la inhabilitación para cargo público de los hoy encarcelados e imponerles las correspondientes multas? ¿Hacer con ellos lo que se hizo con Mas y después con Torra, del que nunca más se supo, loados sean los dioses? La cárcel para Junqueras y demás conmilitones en gamberradas es esencialmente un castigo desmesurado, la citada venganza política instrumentada por el Estado y ejecutada por el TS de la mano del magistrado Marchena. Es, también, se quiera o no, acto profundamente contrario a los principios democráticos, porque lo que no puede hacerse es responder a la patochada con la privación de libertad; de ahí que en la Unión Europea se haya acogido con enorme reticencia la actuación del Supremo, que no se esté muy dispuesto a entregar a los prófugos y que el Parlamento Europeo dilate la decisión sobre si concede el suplicatorio de Puigdemont y Comín.
Los indultos serán una solución que no satisfará a los implicados, aureolados con la palma del martirio, enervará a la desabrida derecha hispana. No se ve que haya otra por el momento.
