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Ramón Aguiló

Escrito sin red

Ramón Aguiló

El Gobierno disfraza la pulsión de poder de obligación moral

Se han sucedido estos últimos días los mensajes del Gobierno destinados a hacer digeribles para la opinión pública sus intenciones de indultar a los líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo por el delito de sedición en los acontecimientos de octubre de 2017. Así se desprende de las declaraciones del ministro Ábalos, «tenemos la obligación moral de aliviar las tensiones»; de la vicepresidenta Calvo, «con informes preceptivos favorables o contrarios, la decisión de otorgar los indultos es competencia exclusiva del Gobierno»; del propio Sánchez, «de lo ocurrido en Cataluña, nadie está libre de culpa, hay que reconciliar a la sociedad catalana y a ésta con la sociedad española».

La decisión política de modificar la pena establecida por un tribunal, como parecen evidenciar los globos sonda del Gobierno, es como abrir un amplio campo a la arbitrariedad y a la desigualdad en la aplicación de las leyes. Así enjuiciaba en el año 2000 el catedrático de derecho constitucional Francesc de Carreras el indulto del gobierno Aznar al juez Gómez de Liaño, condenado por el Tribunal Supremo. Sus argumentos son extrapolables al caso de los independentistas condenados. Afirmaba el catedrático que el indulto puede ser funcional en un Estado de Derecho siempre que no se aparte de la ley que fundamenta la sentencia, sino que la aplica de acuerdo a su auténtica finalidad y sentido: adecuando las penas a nuevas exigencias sociales; matizando el excesivo rigor; situaciones personales del penado; errores judiciales; reparación de perjuicios ocasionados por dilaciones judiciales indebidas; defectos del sistema carcelario. La aplicación, hoy, de una ley de 1870 no contempla condicionantes que derivan de la Constitución vigente: 1) La ley no contempla los supuestos bajo los cuales puede concederse el indulto. Alude a vagas razones de justicia, equidad y conveniencia pública, indeterminadas y no ajustadas a finalidades constitucionales. 2) Los indultos pueden ser sometidos al control judicial en la vía contencioso-administrativa. Los actos políticos ajenos a este control no se contemplan en el ordenamiento constitucional y pueden infringirse los principios de seguridad jurídica y de separación de poderes. Como precedente figura la anulación por el TS del indulto de Rajoy a un conductor temerario que acabó con la vida de una persona.

Así pues, hay que considerar, en primer lugar si los argumentos que maneja el Gobierno para la concesión de esos indultos a los independentistas se ajustan a las condiciones establecidas por una ley de 1870 o a los principios constitucionales. El argumento de Ábalos, la mano derecha de Sánchez, no puede ser más etéreo y engañoso: obligación moral de aliviar tensiones. He aquí que el político que se pasa por el arco del triunfo las obligaciones derivadas de pertenecer a la UE con las atenciones dedicadas a la vicepresidenta de Maduro, invoca una presunta obligación moral de aliviar tensiones con el independentismo. Las obligaciones morales tienen una interpretación que en muchos casos depende de la subjetividad de quien las invoca y tienen diferente consideración en función de las creencias. Por ejemplo, respecto al aborto, la obligación moral es muy distinta para el médico católico que para el agnóstico o el ateo. Las obligaciones morales no tienen la condición objetiva de las obligaciones legales. Así, se puede criticar a un político por su inmoralidad, pero para que pueda ser condenado por la justicia se requiere que haya transgredido algún precepto legal. La citada obligación moral invocada es un trampantojo más de los que nos regala el Gobierno para justificar lo injustificable: que la acción política no responde a los intereses generales sino al interés particular del PSOE y Sánchez de perdurar en el gobierno. El fisioterapeuta en que se ha transmutado el ministro de Transportes alude al alivio de las tensiones. Pues bien, dígase qué contractura creó el gobierno de Rajoy, que aplicó el artículo 155 tardíamente y de acuerdo con el PSOE cuando ya se había declarado la independencia de Cataluña. La tensión fue creada por los independentistas saltándose las leyes, la Constitución, dinamitando la convivencia en Cataluña y, presos, declarando que «lo volverán a hacer», volverán a delinquir.

La vicepresidenta Calvo, famosa por su declaración siendo ministra de Zapatero, «el dinero público no es de nadie», se luce nuevamente afirmando que, digan lo que digan los preceptivos informes, entre otros el de la fiscalía del Estado que se opone a la concesión de los indultos, y el del TS que fue la instancia que sentenció los hechos de 2017, la competencia para aprobarlos es del ejecutivo. Es cierto, como también lo es que, si el Gobierno los aprueba sin considerar los informes supuestamente contrarios del poder judicial, incurriría en presunta prevaricación y atentado contra la separación de poderes y los indultos podrían ser anulados por el TS. Esta no es una cuestión que incomode excesivamente a Sánchez pues siempre podría argumentar ante sus socios independentistas que él habría cumplido con sus compromisos con ellos al aprobar los indultos y que quienes le habrían tumbado la medida había sido la conjunción de «togas de derecha y de extrema derecha» (sic) que monopolizan los tribunales merced a un Consejo General del Poder Judicial que el PP se niega a renovar.

Sánchez, en su comparecencia del martes de Aló presidente, obviando al Congreso, y en plena dedicación propagandista, aludió a los indultos diciendo que «nadie está exento de culpa» y que había que abogar por la reconciliación en Cataluña y entre Cataluña y España. Que diga pues Sánchez de quién es la culpa, quién se ha saltado la legalidad: los independentistas, el gobierno de Rajoy y la dirección del PSOE, el Constitucional en su sentencia de 2010, el inconstitucional proyecto de Estatut de Maragall, Guerra, que dijo haberlo dejado como una patena, el PP con sus mesas contra el Estatut, los gritos de «a por ellos» de cuatro descerebrados, el discurso de Felipe VI reclamando el fin de la deslealtad, la dictadura de Franco, quizá los Reyes Católicos. Así sabríamos cuál es el motor político de Sánchez. Hasta entonces, no queda sino despedir un año funesto y desearles un feliz año 2021.

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