Por primera vez en bastantes años, este primero de enero empezarán a regir unos recién aprobados Presupuestos Generales del Estado, lo que facilitará grandemente la aplicación de los recursos prevenientes de Europa, indispensables para la reconstrucción de nuestra depauperada economía, víctima de los confinamientos y de las limitaciones a la movilidad que han destrozado diversas actividades.
El proceso de redacción de estos presupuestos ha sido arduo, puesto que el Gobierno de coalición tan sólo dispone directamente los 155 escaños que suman el PSOE y UP. Pese a la dificultad, el Gobierno ha logrado ampliar la mayoría con la que fue investido Pedro Sánchez el pasado mes de enero al obtener 188 y 187 votos, según los títulos y secciones, a favor de las cuentas públicas que sustituirán a las de Cristóbal Montoro, vigentes desde 2018. Ello significa que el Ejecutivo presidido por Sánchez ha logrado una veintena de diputados más que los que le auparon a la presidencia tras las últimas elecciones de noviembre de 2019. Para conseguirlo ha tenido que negociar con las minorías nacionalistas, que han promovido algunos cambios de menor cuantía. Básicamente, la mejora actual se ha debido al voto afirmativo de ERC (que se abstuvo en la investidura) y PDeCAT (que votó en contra) y de EH Bildu (que también voto en contra). La aprobación ha requerido largos y laboriosos debates, que han sopesado muchos centenares de enmiendas, bastantes de las cuales han prosperado.
El pasado martes, las cuentas públicas llegaban a debate en la Cámara Alta, en la que sus señorías habían presentado otras 4.000 enmiendas, que hubieran requerido días o semanas para su consideración estricta. Pero la mayoría deseaba que entraran en vigor el 1 de enero, por lo que la ceremonia se zanjó en apenas cuatro horas. Hubo lamentaciones retóricas por la falta de respeto que infundía la Cámara Alta, y el representante de Compromís, Carles Mulet, que había presentado él solo 903 enmiendas, ha hablado con indignación de «teatro». Efectivamente, sin más miramientos, se puso el texto procedente del Congreso a votación, sin alteración alguna, y fue aprobado por 145 votos a favor y 118 en contra. Después de este espectáculo, que fue un franco ninguneo de los senadores, hay que aceptar que los que no dimitieron (es decir, todos ellos) no tienen sangre en las venas.
Este espectáculo risible, que ha dejado en ridículo a la Cámara Alta, ha sucedido en plena pandemia, una trágica situación que ha requerido la constante colaboración de las comunidades autónomas ente sí y con los representantes del gobierno central. Comisiones interterritoriales de varias denominaciones se han reunido con asiduidad… sin que el Senado haya desarrollado papel alguno, pese a ser oficialmente la ‘cámara de representación territorial’.
Hace tiempo que la ciudadanía ha dejado de asombrarse en este país por la cantidad de veces que la política le obliga a confrontarse con el absurdo, pero en este caso el delito es flagrante: el problema ya no consiste en el derroche que supone que hayamos de mantener para nada a una institución de estas características sino el hecho mismo de que una cámara elegida no tenga función real alguna desde que echó andar con su actual estructura tras las elecciones de 1979.
La segunda cámara tiene sentido en un Estado federal como el alemán donde son los länder los representados en el Bundesrat, sin necesidad de elecciones: los representantes son en su mayoría miembros de los gobiernos regionales. Y el Bundesrat legisla aquellas normas horizontales que se basan en el elemento territorial. Aquí, la única territorialidad del Senado es la nominal que figura en la Constitución, por lo que los grandes partidos deberían tener la decencia y los arrestos de impulsar la debida reforma.
Las Cortes Generales están reguladas en la Carta Magna en el Título III, por lo que su reforma no ha de ser agravada: basta el procedimiento simple del art. 167, que requiere la mayoría de tres quintos de ambas cámaras o la mayoría del Congreso por dos tercios siempre que en el Senado logre al menos mayoría absoluta. Habría referéndum si lo solicitara la décima parte de los integrantes de cualquiera de las cámaras. Tampoco es tan difícil.
