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El ministro de Transportes y secretario general del Partido Socialista José Luis Ábalos, uno de los pesos pesados de Ferraz que más ha apoyado al presidente Sánchez a lo largo de toda su carrera, ha concedido al diario La Vanguardia una entrevista en la que asegura, de forma textual, que el Gobierno tiene la obligación legal de tramitar los indultos de los políticos condenados a prisión por su papel en el proceso soberanista catalán. Poca noticia sería ésa porque resulta obvio que es así. Pero Ábalos añade que su gabinete tiene además la obligación moral de aliviar las tensiones que puedan dañar la convivencia política y social en España, afirmación que se ha entendido como el anuncio de que el Gobierno no sólo va a tramitar los indultos sino que tiene la intención de concederlos.

Que cualquier consejo de ministros cuenta con el deber moral y aun legal de hacer lo posible por evitar conflictos entra también en la categoría de las verdades de Pero Grullo. Pues claro que sí y, por añadidura, más aún cuando las tensiones han alcanzado ya en nuestro país unos límites insoportables que convierten en imposible el objetivo de sacar adelante cualquier solución para los enormes problemas de convivencia que tenemos planteados. Es necesario resolver de una vez por todas el problema creado por la decisión unilateral de independencia que tomó la Generalitat como consecuencia del referéndum del día 1º de octubre de 2017. Que esa consulta fuese ilegal, que sus resultados estuviesen bajo sospecha y que se tergiversase por completo la voluntad de la mitad de los catalanes son cuestiones secundarias respecto del problema mayor: que, desde entonces, existe un conflicto enorme que se tiene que resolver. La cuestión consiste en si el indulto sería la solución, como se deduce de las palabras de Ábalos.

Y las mayores dudas que genera el uso de esa prerrogativa gubernamental no derivan de que toda la derecha de las Cortes se haya manifestado en contra ella. Qué duda cabe de que ese enfrentamiento es una de las principales causas de la crispación actual. Pero el verdadero problema que plantea el indulto es el de su figura jurídica. Calca los principios cristianos del propósito de enmienda y dolor de corazón necesarios para que los pecados se absuelvan, exigiendo a los condenados que deseen el indulto que reconozcan su delito y den señales inequívocas de que no volverán a cometerlo. Justo lo contrario de lo que hacen, día sí y día también, los políticos encarcelados. Con lo que se plantea otra obviedad: para aliviar las tensiones es necesario que ambas partes quieran hacerlo. Y las evidencias que llegan desde Cataluña dejan bastante claro que mantener el conflicto es uno de los objetivos principales de los líderes soberanistas. Me pregunto de qué manera puede ser, en esas condiciones, el indulto la solución.

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