Mallorca comienza a administrar la vacuna de la covid-19 registrando su peor tasa de contagios desde que se inició la pandemia. En apenas una semana, la incidencia del coronavirus ha aumentado en un 43% en la isla, para situarse en 554 nuevos casos por cada 100.000 habitantes. Prácticamente dobla la del conjunto de España cifrada en 262 sobre idéntica proporción. No solo eso, pese a estar en el nivel 4 de restricciones, las previsiones apuntan que los contagios seguirán al alza como consecuencia de la movilidad de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

En estas condiciones, resulta lógico y hasta necesario que el Govern tenga preparado mañana mismo dictar nuevas restricciones para reducir las aglomeraciones en espacios públicos, especialmente locales comerciales, además de que se podrían restringir de forma considerable los traslados entre municipios.

La contundencia de los datos hace que el incremento de restricciones se vuelva imprescindible pero, a la vista del modo en que se están aplicando y la experiencia acumulada durante los meses de pandemia, permiten cuestionar la eficacia de algunos aspectos de la gestión del Ejecutivo autonómico en relación a la crisis sanitaria que todos estamos padeciendo.

La población va conociendo el número de infectados por coronavirus una vez que las cifras de contagio y sus tasas de incidencia demográfica han sido certificadas. No es el caso del Govern, dado que el Servicio Balear de Epidemiología le proporciona al mismo tiempo los cálculos de la evolución y unas previsiones de nuevos afectados con escaso margen de error. Por su parte, el IB-Salut está al corriente de la situación hospitalaria en tiempo real.

Teniendo estos elementos sobre la mesa resulta difícil de justificar la excesiva dosificación con la que se está informando a la opinión pública y el escalonamiento de medidas de control dentro de un mismo nivel de restricciones. Está claro que, en la lucha contra el coronavirus, la prevención es determinante y una población bien informada sobre qué está pasando y qué puede ocurrir, está en mejores condiciones de protegerse frente a una pandemia contra la que ya está cansada de luchar y que, como indica la misma presidenta, Francina Armengol, en su carta de Navidad, le está provocando “un descalabro económico y social de magnitud enorme”. Es cierto, por otro lado, que no todo depende del Govern. Las medidas que se están dictando dejarán de surgir efecto si la sociedad no las asume como propias y las aplica desde la responsabilidad personal y colectiva de cada uno.

En este sentido hay que dejar constancia de demasiados síntomas de relajación social que no pueden justificarse solo con el cansancio y ya la rutina de luchar contra el coronavirus. Todavía se detectan excesivas concentraciones no autorizadas o neutralizan intentos de reuniones para estos días de fiesta, más allá del número de reunidos permitido.

Está en juego la responsabilidad de todos, incluida la de la oposición política. El PP, que en Balears ha estado ausente en general de la crisis del coronavirus, ha tenido sin embargo ahora una iniciativa nada desdeñable. La propuesta de Gabriel Company, tendente a realizar cribados masivos en toda Mallorca, se vislumbra como un instrumento útil para invertir la desbocada curva de contagios.