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Jose Jaume

Desde el siglo XX | Monarquía o república, PSOE contra Podemos

Llamativa peculiaridad la del Gobierno de las izquierdas: colisionan por fundamental cambio constitucional; no es poca cosa pasar de la monarquía parlamentaria a la república

Culmina el año, lo hace, cómo no, arropado en incertidumbres encadenadas, teniéndonos casi sin resuello, aferrados a la esperanza, fundada, de que las vacunas pongan coto al marasmo. Sobre ello flota en España, superpuesta a las demás, la crisis político-institucional a la que no se sabe poner remedio efectivo. Las derechas, disponiendo de imprescindible colaboración del Tribunal Supremo, pastoreado por el magistrado Marchena, ha hecho política en el asunto catalán con las consecuencias conocidas: situación enquistada o lo que es lo mismo: conflictos venideros. Si viene quiebra del modelo constitucional será por Cataluña. El Principado acumula capacidad de deflagración suficiente para provocar estropicios de consideración. Véase la historia de España. Hay precedentes. La Monarquía se halla plenamente concernida. Felipe VI ofreció a los catalanes, independentistas o no, desgraciado discurso que sigue reverberando con fuerza. Agradó en buena parte de las Españas. En las Mesetas, en el «macizo de la raza», en definición de Dionisio Ridruejo, fue aplaudido a rabiar. La inacción acostumbrada del desaparecido Mariano Rajoy propició intervención del jefe del Estado. La puntilla para la Monarquía en Cataluña y Vasconia.

La ola se extiende lenta, sin tregua. En esas estamos, con esas se las tiene tiesas el Gobierno de coalición, donde Podemos pugna con todo para propiciar la quiebra constitucional que desemboque en la proclamación de la república, la tercera, cuando se aproxima el 90 aniversario de la instauración de la Segunda, el 14 de abril de 1931, efemérides mítica para el republicanismo. El enfrentamiento entre PSOE y Podemos no es bagatela. Con la cuestión va en serio. Es de verdad. Pablo Iglesias sabe que sin el PSOE no puede abrir candados: los votos cosechados no dan potencia de empuje para que la Constitución rompa aguas. Es el PSOE de Pedro Sánchez, al que las derechas acusan de querer liquidar la Monarquía parlamentaria, en otra de sus extremistas estrategias, similar a las que llevaron a tildar a Zapatero de ser cómplice de ETA traicionando a las víctimas, despropósito enunciado en el Congreso de los Diputados por M. Rajoy; es Pedro Sánchez, reiterémoslo, el sólido sostén de la Monarquía establecida en la Constitución. La pugna está establecida entre PSOE y Podemos. Las derechas, quién lo pudo prever, observan cual convidados de piedra. Pablo Casado, se desgañita afirmando que el PP es valladar infranquable. Carece de papel principal. Es el PSOE, solo el PSOE, el garante de la estabilidad constitucional. De retirarle el báculo, la Monarquía encarnada en Felipe VI adquiere fecha de caducidad no muy lejana. La defensa cerrada del PSOE del pacto constitucional, que exhibe siempre tradición republicana a beneficio de inventario, la escasa capacidad logística de Podemos, conducen a una guerra de posiciones en la periferia peninsular, hacia Cataluña, donde sí se almacenan arsenales con, insistamos, suficiente fuerza desestabilizadora.

Con eso quedamos a la espera de lo que nos diga Felipe VI en la noche de mañana. El mensaje está grabado desde ayer. El presidente del Gobierno parece haber dado su venia. Se entienden el Rey y Sánchez. Los malévolos aventuran que mantiene cautivo a Felipe VI. Insidia que extienden las derechas, deseosas de meter algo de baza. No parece que sea así. No hay cautivos: balancean contrapoderes. Atienden a la delicadísima situación, al considerable poder desestabilizador de Juan Carlos de Borbón, que logra con sus desmanes no solo opacar los haberes de la primera parte de su reinado, sino poner en serio peligro la pervivencia de la Institución, de enviar otra vez al garete la dinastía de los Borbones, que penosamente Felipe VI trata de restaurar con el concurso del PSOE, que mantiene fidelidad, negándosela las derechas, a la Constitución, al pacto establecido en 1978.

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