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Joaquín Rábago

360 Grados

Joaquín Rábago

La justicia española desafía a Estrasburgo

No tiene que caernos bien el personaje de Arnaldo Otegi, ni tampoco la causa independentista que defiende, para valorar negativamente la nueva sentencia del Tribunal Supremo que ordena la repetición de un juicio tachado en su momento de parcial por parte del máximo órgano europeo.

El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, ante el que recurrieron tanto Otegi como otros cuatro condenados por la Audiencia Nacional, dictaminó a favor de éstos por considerar que la falta de imparcialidad de la magistrada que presidió el juicio había vulnerado un derecho fundamental como es el de amparo.

La magistrada se había visto obligada ya a apartarse de un proceso anterior a Otegi por haber perdido la apariencia de imparcialidad debido a uno de sus comentarios.

La sentencia favorable a Otegi del tribunal de Estrasburgo equivalía a desautorizar a los distintos órganos que intervinieron en el proceso seguido contra él, es decir también al Tribunal Constitucional y al Supremo, que no atendió la denuncia de parcialidad presentada por el político independentista aunque si redujo la pena impuesta de diez años a seis y medio.

Para el catedrático de derecho constitucional de la Universidad de Sevilla, Javier Pérez Royo, tras el dictamen de Estrasburgo, ni la Audiencia Nacional, ni el Constitucional ni el Supremo pueden decidir unilateralmente volver a pronunciarse sobre la conducta del político independentista.

Nadie puede negar que, con independencia de su pasado como líder de Herri Batasuna, brazo político de ETA, Otegi terminó desempeñando un papel clave en la renuncia definitiva a la violencia por parte de la organización terrorista y su decisión de buscar la independencia sólo por métodos pacíficos.

La decisión del Tribunal Supremo, que ordena la repetición del juicio contra Otegi y otros cuatro procesados por el delito de pertenencia a organización terrorista, supone no sólo un desafío al más alto tribunal europeo sino que aumentará la percepción que se tiene fuera de que la justicia española está politizada.

No debería extrañarnos que el Partido Popular de Pablo Casado se haya opuesto a la expulsión del Fidesz del jefe del Gobierno húngaro, Viktor Orbán, del Partido Popular Europeo, como pedían otros tres partidos conservadores de ese mismo grupo que denunciaron la politización de la justicia en ese país.

La decisión del Tribunal Supremo contribuirá a agitar aún más las revueltas aguas de la política española, en la que hay partidos que se niegan a aceptar, porque conviene a sus objetivos de desgaste del actual Gobierno de coalición, que ETA está ya por fortuna como una página negra en los libros de historia.

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