Las próximas elecciones autonómicas catalanas contienen una importante carga política que destaca de los antagonismos habituales. El saldo relevante de la consulta no será la correlación de fuerzas entre independentistas y no independentistas, ni entre fuerzas de derechas y fuerzas de izquierdas, sino entre pragmáticos y rupturistas, entre partidarios de que el conflicto catalán se resuelva en el marco del estado de derecho o fuera de él, por vías inaceptables en una democracia consolidada e intachable que cuenta con plena homologación internacional.
Los principales actores del nacionalismo catalán son, evidentemente, ERC y los herederos de CiU, la gran coalición de centro-derecha que estalló al descubrirse el espectacular escándalo de corrupción que había protagonizado la familia del propio president Pujol. Fuera de este esquema, apenas están la CUP, un partido-movimiento de izquierdas y soberanista, y el PNC, una formación nueva encabezada por Marta Pascal, que sigue la senda del PNV.
ERC, implicada en la intentona soberanista del 1-O y en la redacción de las leyes de desconexión anteriores, había desempeñado un papel secundario en la política catalana hasta que, durante la segunda legislatura de Aznar, cobró envergadura y tras conseguir un gran resultado en las autonómicas de 2003, formó con el PSC y con IC el tripartito encabezado por Maragall que acometió la reforma del Estatuto de Autonomía, conducida al fracaso por la oposición de la derecha y truncada por el Tribunal Constitucional. Hoy, el indiscutible líder de ERC, Junqueras, está en prisión, cumpliendo una pena de 13 años por sedición, impuesta por la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
La antigua CiU se ha fragmentado, y actualmente tiene dos cabezas visibles. La una es la del prófugo Puigdemont, que en elaborado artículo acaba de mantener la tesis de que la independencia de Cataluña sólo se logrará mediante una ruptura de la legalidad; este está al frente de JxCat, que concurrirá a las elecciones bajo el liderazgo de Laura Borràs. La otra la del expresidente de la Generalitat Artur Mas, quien permanece al frente del PDeCAT tras la migración de una parte de su militancia a la formación de Puigdemont.
En este contexto ciertamente confuso, ERC y el PDeCAT han apoyado los Presupuestos Generales del Estado 2021, lo cual, aunque no supone ni mucho menos una claudicación ideológica ni un reconocimiento del error cometido, sí representa, se mire como se mire, una concesión al pragmatismo, un guiño a la posibilidad de reintegrarse, en ciertas condiciones, a la legalidad constitucional, que mantiene unos conocidos cauces internos de reforma (los que ya se exploraron con al Plan Ibarretxe en Euskadi, que fracasó pero que sentó un precedente útil que podría ensayarse si se dieran las condiciones).
La postura de la izquierda nacionalista y de un sector de la derecha del mismo signo sugieren en definitiva la existencia de una posibilidad negociadora que habrá de incluir la situación de los presos. De unos presos que no pueden ser indultados si previamente no han expresado su voluntad de no romper de nuevo la legalidad constitucional. No parece fácil esta vez intentar la formación de una alianza semejante a la del tripartito, si los números la permitieran, pero si se confirma que ERC rebasa a JxCat y logra la presidencia de la Generalitat (el candidato, con Junqueras en la cárcel, será el actual presidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonès), podría iniciarse una nueva etapa de concordia que reduzca la confrontación dialéctica todavía viva y abra un periodo de cooperación en un ámbito crecientemente federal.
El gran obstáculo para este deslizamiento positivo será la insistencia de Puigdemont en la vía rupturista, revolucionaria, que tiene sus adeptos. Es evidente que si la Cataluña oficial acepta el principio de negociación con el Estado, él queda descolgado, ya que su regreso a España no sería pacífico: es un prófugo que ingresaría en prisión para ser juzgado en cuanto pusiera pie en territorio español. En definitiva, Puigdemont, por interés puramente personal, dará la batalla contra cualquier arreglo. En manos de quienes están recuperando el seny en Cataluña está el evitar que tenga éxito.
