Estas reflexiones no van dirigidas al grupo de oficiales retirados que son autores del manifiesto de rebeldía ante la situación actual de España. No parecen susceptibles de convencimiento. Van dirigidas a los ciudadanos que se sienten identificados con las tonterías que contiene el escrito.
Como principio general que muchos parecen olvidar, recordaré que en nuestro sistema político el cambio de gobierno se efectúa acudiendo a las urnas y no dando un golpe de estado por muy blando que se lo quiera hacer.
No consigo quitarme la impresión de que mucha de la oposición al ejecutivo de Pedro Sánchez tiene su origen en la ropa que endosa su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y en las greñas que luce. Su historial no parece ideológicamente muy recomendable ni sólido, pero de ahí a afirmar que su presencia en el gobierno convierte a este en un engendro socialista/comunista (ambos términos perfectamente aceptados en la nomenclatura constitucional española), media una distancia abismal. Tanta como la afirmación del líder del PP, que se identifica con las torturadas oposiciones venezolana y cubana (una idiotez como otra que no resiste el más mínimo análisis).
Lo mismo puede predicarse de los motivos más profundos del antagonismo: Bildu y Esquerra Republicana. Contrariamente a lo que se afirma, ninguna de las dos formaciones está llevando a España a la desintegración. Creo que ha sido afortunado contar con ambas para la aprobación de los presupuestos generales, estancados desde hace años, que parecen no querer recordar que van en beneficio de la población en general. Vaya, contemplar las cosas que dice Otegui induce al vómito, pero, según el sistema penal que nos hemos dado los españoles, ha pagado por sus delitos y tiene derecho a sentarse en un escaño para el que ha sido elegido, por muy moralmente condenable que sea su figura. Gerry Adams, jefe del IRA, también tiene su escaño.
Lo mismo ocurre con Pere Aragonés, el presidente catalán interino, que respeta escrupulosamente las funciones que le asignan el Estatut y la Constitución. Nadie, ningún precepto constitucional, le obliga a acudir a las celebraciones de la Carta Magna y si no lo quiere hacer, que no lo haga. Eso no es desestabilización política.
Otra cosa bien distinta es que ambos son independentistas y representan a partidos independentistas. Desde que somos libres, nuestras ideas, cualesquiera que fueren, son perfectamente legítimas y pueden expresarse libremente: nadie hay en prisión por sus ideas, ni los «fachas» de ultraderecha ni los que quieren una Cataluña independiente. No me gustan ni una ni otra, despotrico contra ellas y sigo en libertad.
El grupillo de jubilatas autores del manifiesto llamando al golpe de estado y al fusilamiento de 26 millones de españoles, es desdeñable además de despreciable. Se amparan en la necesidad de proteger al Rey de los incesantes ataques de la cábala. Y de paso, como son militares retirados, evitan, en un gesto valiente, castigos más serios.
El Rey no necesita protección, por mucho que una parte sustancial de la opinión publica desee que España se convierta en república. Está protegido por la Constitución y por cualquier gobierno que, lo recuerdo, ha jurado cumplirla. Y por los españoles, que la votamos muy mayoritariamente en 1978. Y por la Unión Europea.
El golpe de estado blando pretende sacar al Rey de la estructura constitucional, haciéndolo único jefe del tinglado. Pretende también elevar a la ministra de Defensa a la jefatura del ejecutivo. Bueno, bueno, ¿dónde hemos visto eso antes? En Grecia y le costó el trono al rey Constantino. En España el 23F, cuando los militares predicaban apenas un ligero «cambio de rumbo» con el general Armada a la cabeza. Y si el Rey emérito no lo hubiera cortado en seco, ahora no sería ni emérito y habría habido un baño de sangre por añadidura. Ahora los jubilados efectuarían un pequeño cambio consistente en meter en la cárcel a Sánchez y a Iglesias, los dos grandes traidores, y en mandar las tropas a Cataluña y al País Vasco. Casi nada.
El único problema que tiene España es un gobierno salido de las urnas, que los civiles que se muestran de acuerdo con los generales jubilados, querrían expulsar. Pero amigo, reitero que nuestro sistema prevé que eso se haga en unas elecciones generales, no con tanques en la calle. ¿Necesito recordar la manifestación popular al día siguiente del 23F y el gobierno que salió de las urnas un año más tarde?
A España no le pasa nada más que la pandemia y sus horrorosas consecuencias (y una ley Celaá que merece debate). Un desastre que requeriría un poco de solidaridad de todas las formaciones políticas y no este absurdo gallinero.
¿Qué hacer con la sedición de los 500 jefes militares? Si yo fuera presidente del Gobierno consideraría el llamamiento a la subversión tan criminal como la declaración catalana de independencia. Y aquella se resolvió con un serio correctivo. Esta no requiere de mucho: simplemente una reunión del jefe del gobierno con la cúpula militar y la decisión colectiva de degradar a todos los rebeldes. No es mucho: al fin y al cabo, están jubilados, menos Pardo de Santayana que fue expulsado del ejército. El prestigio y la utilidad de las fuerzas armadas españolas lo merecen con creces.
