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Diario de Mallorca

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Antonio Papell

Madrid y la armonización fiscal

La exigencia de ERC para apoyar los presupuestos ha despertado un viejo pleito: el de que Madrid, con sus bajos impuestos, ha estado haciendo competencia desleal al resto de comunidades autónomas

El anuncio de ERC de que su apoyo a los presupuestos del gobierno pasa por una armonización fiscal de los impuestos transferidos y cedidos a las comunidades autónomas ha despertado un viejo pleito: el de que Madrid, con sus bajos impuestos, ha estado haciendo competencia desleal al resto de comunidades autónomas. Antes de seguir adelante en este análisis hay que advertir de que queda fuera de él la posición de los territorios forales, que gozan de un trato especial en virtud de la propia Constitución.

También antes de proseguir este examen de situación, conviene señalar que el dumping fiscal que se produce en Europa y del que se benefician algunos Estados que actúan como verdaderos paraísos fiscales no tiene demasiado que ver con el pleito madrileño. Países como Irlanda, Países Bajos o Luxemburgo realizan competencia desleal al resto de Estados comunitarios e incurren en un verdadero dumping fiscal porque mantienen un Impuesto de Sociedades extremadamente bajo, lo que produce deslocalizaciones, es decir, traslados de empresas que optan por pagar menos impuestos y beneficiarse de ello. El hecho de que muchas de las grandes tecnológicas norteamericanas que operan en Europa estén radicadas en Irlanda no es fortuito.

En el caso de nuestro Estado de las Autonomías, el conflicto que ahora denuncia ERC es el provocado por aquellas comunidades, Madrid en primer lugar, que han bajado radicalmente los impuestos cedidos, como sucesiones, patrimonio, donaciones y transmisiones patrimoniales. En el caso madrileño, en los cinco años posteriores a la supresión del impuesto de patrimonio en Madrid en 2010 (en realidad, se trató de una bonificación del 100% del impuesto), la comunidad recibió a 6.000 contribuyentes de otras autonomías que consiguieron de este modo eludir ese tributo. Eso es lo que han conseguido desvelar cruzando datos del IRPF y patrimonio, una vez depurados los efectos demográficos, los profesores David R. Agrawaly, Dirk Foremny y Clara Martínez-Toledano en el informe de 84 páginas Paraísos Fiscales, Wealth Taxation, and Mobility, que añade que «este proceso provocó una reducción de los ingresos por patrimonio del 5% en el conjunto de España excluyendo Madrid», dice Forenmy. En paralelo, la comunidad madrileña incrementó sus ingresos fiscales gracias a estos 6.000 grandes contribuyentes vía IRPF, ya que una vez cambiado su domicilio fiscal pasan a pagar todos los impuestos en Madrid. Hay otros estudios disponibles que secundan este estado de cosas, que acentúa el ‘efecto capitalidad’ de Madrid, es decir los beneficios que recibe la ciudad capitalina por el hecho de ser sede de la inmensa mayoría de las instituciones estatales, que atraen al sector privado en una deslocalización silenciosa pero mensurable. Por ejemplo, el catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) Guillem López Casasnovas calcula que la recaudación adicional que consigue Madrid por ese efecto es de entre 406 y 622 millones de euros anuales.

Por descontado, ERC no ha descubierto el Mediterráneo. La Vanguardia acaba de recordar editorialmente que en el 2014 el informe de la comisión de expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español –entre los que se encontraba el actual gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos– planteó ya eliminar el impuesto de patrimonio y armonizar sucesiones, con Montoro en Hacienda. En julio del 2017 otro informe de la comisión de expertos para la Revisión del Modelo de Financiación Autonómica también propuso armonizar las bases imponibles y liquidables de los tributos cedidos total o parcialmente, restringir la capacidad normativa autonómica e introducir topes de gravamen efectivo en patrimonio y sucesiones. Lo mismo se pretendía en el pacto entre el PSOE y Ciudadanos en el 2016, en su intento fallido de formar gobierno, para acabar con la competencia fiscal entre comunidades autónomas. Ahora, Ciudadanos calla.

El asunto es complejo ya que una parte importante de la opinión económica pretende, simplemente, eliminar el impuesto sobre el patrimonio, por injusto, irrelevante e ineficiente, pero no está mal que se aborde desde el punto de vista de la restauración de la equidad, incompatible con los mencionados desequilibrios. Aunque no tendría sentido convertir un problema de técnica fiscal en una guerra entre autonomías.

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