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Ramón Aguiló

El precio de las leyes del gobierno

Sánchez es presidente del gobierno merced a la moción de censura y a los votos de investidura afirmativos o abstencionistas de independentistas catalanes (JxCat, ERC) o vascos (PNV, EH Bildu), Compromís y alguna otra fuerza menor. Es, por tanto, lógico pensar que ese acuerdo inicial va a prolongarse a lo largo de toda la legislatura. Aunque arúspices de la capital abonen la teoría de que la aprobación de los presupuestos supone un hito a partir del cual las disensiones internas del gobierno entre los ministros socialistas y los de Unidas Podemos aflorarían al exterior con tal intensidad que su principal beneficiario, Sánchez, se podría permitir el lujo de prescindir de Iglesias y cía. y afrontar el grueso de la legislatura con los presupuestos de 2021. Está por ver.

Lo que sí es seguro es el precio que Sánchez debe pagar por cada una de las leyes que pretende aprobar. El ejemplo inmediato es la aprobación de la ley Celaá de educación por el Congreso de los Diputados por un voto más que la mayoría absoluta requerida. Se trata de la enésima ley de educación desde el año 1980. Es la prueba del nueve del fracaso educativo en España; una consecuencia inmediata del clima de polarización política que siempre ha suscitado la educación, que se ha agudizado desde que gobernó Zapatero. La secuencia siempre es la misma. A un gobierno del PSOE que aprueba la ley sin acuerdo con la oposición le sucede uno del PP que hace exactamente lo mismo, y viceversa. A la ley conocida por ley Wert le sucede la conocida por ley Celaá. Los políticos repiten siempre el mismo mantra: que el progreso económico y la competitividad dependen de la calidad del sistema educativo. Pero después son incapaces de pactar unas leyes educativas que se mantengan en el tiempo, independientemente del color del gobierno en cada momento.

No cabe ninguna duda de que la eliminación del castellano como lengua vehicular es el fruto de la exigencia de ERC. Más allá de la incoherencia de que el idioma oficial del Estado va a ser contemplado en Cataluña como idioma extranjero, esto no va a suponer ningún cambio respecto a la inmersión lingüística. Hasta ahora en Cataluña no han regido ni la ley educativa ni las sentencias de los tribunales que obligaban a utilizar el castellano como lengua vehicular en un 25% de las asignaturas como mínimo. A tal efecto la ley Celaá no hace sino blindar la inmersión; la asignatura de lengua cooficial y literatura pasa a ser considerada lengua propia y literatura. Si se producen nuevas sentencias, sean del Tribunal Constitucional o de los tribunales de justicia, vistos los antecedentes, nada cambiará. Otros aspectos discutidos de la nueva ley son el desdén por la excelencia que supone pasar de curso en la ESO y el bachillerato con uno o dos suspensos; que la cesión de suelo sólo podrá realizarse para centros públicos y no a los concertados; que en un plazo de diez años los centros ordinarios deberán tener recursos para atender alumnado con discapacidades; que deberán aumentarse las plazas públicas de 0 a 3 años; o impulsar el incremento de alumnas en ciencias y tecnología. Nada de todo esto está garantizado por la ley. Recuerda la gran celebración de la ley de la dependencia de ZP que ha ido languideciendo sin recursos y con los ancianos dependientes muriendo años y años después de solicitar sin resultado las ayudas pertinentes. Lo barato es la prosa en el BOE, como la educación de 0 a 3 años. O se implanta en todo el país o se consuman más injusticias. No hay recursos para afrontarlo. ¿Y que vamos a decir de la integración de los discapacitados en los centros ordinarios? Puede que esta medida funcione en alguna comunidad, pero en las que cuentan con la presencia de hijos de inmigrantes de múltiples procedencias, estas medidas son literatura buenista. Si en nuestros institutos de Palma, con alumnos que no saben ni castellano ni catalán, los profesores se las ven y se las desean para dar respuesta a las necesidades emocionales de los alumnos y conseguir un cierto orden, para introducir algunos elementos de conocimiento, ¿cómo van a poder gestionar a la par, con una mínima solvencia, la atención de alumnos con discapacidades? Celaá avisa que apuesta por la equidad frente a mérito. No se entiende la contraposición. El resultado ya sabemos cuál es: el desprecio por el esfuerzo y la excelencia que lleva consigo. El deterioro de la escuela pública que acentuará esta norma tendrá otra consecuencia: la elección de la enseñanza privada para todos los que puedan costearla. A todo esto, ya ha avisado Casado que si ganan las próximas elecciones derogarán la norma. Y vuelta a empezar.

La propuesta presupuestaria del gobierno ya ha recibido el nihil obstat de EH Bildu. El pasado miércoles apareció Otegi en televisión para anunciar el voto afirmativo a la misma: «El camino a la independencia vasca pasa por el sí a estos presupuestos». No hay duda de que el objetivo estratégico de la organización vasca es la independencia. De hecho, éste es un objetivo compartido por el PNV, el otro respaldo político al gobierno, tras la eliminación pactada del impuesto sobre el diésel. Ya puede insistir Sánchez en conseguir el voto favorable de Ciudadanos. Lo que se puede visualizar es que Iglesias va triunfando en su proyecto de que las iniciativas legislativas del gobierno sean apoyadas por las fuerzas políticas que formaron la mayoría de la moción de censura y la investidura. No se recata en anunciar su objetivo de una república multinacional, que sería el paso previo a que EH Bildu planteara la independencia de vasca. Tras cada iniciativa de Sánchez para marcar perfil propio le sigue Iglesias exigiendo su corrección. Hasta el momento gana cada partida. Puede que Sánchez espere a los presupuestos para desembarazarse de él. Puede que tenga decidido aguantar toda la legislatura. Si fuera así, las curvas van a ser muy cerradas. Haga lo que haga Sánchez estará en función de su propia supervivencia como presidente, no de los intereses del país. Lo demuestra con la pandemia. Se esconde tras las autonomías a la hora desagradable de las restricciones. Se pone en el atril para anunciarnos el plan (incompleto) de vacunaciones igual en todo el territorio. A poco que le dejáramos, nos las pondría él mismo.

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