Veo fantástico que el Gobierno tome cartas en el asunto y nos diga qué es verdad y qué no. El redactado del «procedimiento de actuación contra la desinformación» publicado en el BOE la semana pasada es tan ambiguo que ahora mismo podría incluir la puesta en marcha de un teléfono de atención 24 horas en el que Sánchez en persona (o Echenique, que ahora ya ejerce de controlador oficioso de los medios desde su perfil de Twitter) aclare la verdad sobre cualquier tema que inquiete a los ciudadanos: ¿Engordan más los carbohidratos por la noche? ¿Qué le dice Bill Murray a Scarlett Johanson en el final de Lost in Traslation? ¿Qué diablos es el chóped? ¿Por qué se llama abrefácil? Pregunte lo que quiera, el Gobierno responde.
Hay que luchar contra la desinformación, una amenaza contra el sistema democrático, pero, como sucede con la renovación del Consejo General del Poder Judicial, no puede hacerse de cualquier manera. La Unión Europea ha instado a los países miembros a tomar cartas en el asunto de la desinformación, pero el Gobierno ha empezado a afrontar esta misión de la peor forma posible: diseñando y aprobando un primer redactado de cómo se llevaría a cabo ese control sin encomendarse ni a Dios ni al Diablo; sin consultar e instar a participar al resto de partidos con representación parlamentaria, ni a los medios de comunicación, ni a los verificadores, ni a los expertos en seguridad digital (algo fundamental si lo que se quiere es combatir la «injerencia extranjera», que suele manifestarse a través de bots, granjas de clics y el manejo dudoso del reguero de datos personales que dejamos cada vez que nos conectamos a internet y llevamos nuestro móvil inteligente encima, es decir, todo el tiempo). El tema arranca como algo del Gobierno cuando es un asunto de Estado. Ya sabemos que en España no se dan especialmente bien los pactos, pero al menos que disimulen y lo intenten. Pero no: el Gobierno ha tirado por la calle de en medio y el PP, que en 2018 impulsó una propuesta en la misma dirección, ha celebrado poder tener un leño consistente para avivar su fuego contra la república comunista-bolivariana que nos gobierna y ha incrustado a Orwell en su argumentario. El Ministerio de la Verdad es como un boomerang: lo usó Podemos en 2008 y ahora ha regresado a manos del PP, que lo ha vuelto a lanzar con ganas en la dirección contraria. Una vez más, qué gusto de país. Me encanta el olor de la concordia y la coherencia por las mañanas.
El procedimiento describe seis organismos para esta lucha: el Consejo de Seguridad Nacional, el Comité de Situación, la Secretaría de Estado de Comunicación, la Comisión Permanente contra la desinformación, las Autoridades públicas competentes y, ahí aparecen al final, el sector privado y la sociedad civil, a los que «se podrá solicitar su colaboración» cuando «se considera relevante». En los textos normativas, introducir muletillas como «se podrá» o «según disponibilidad presupuestaria» son valiosos salvavidas para los legisladores.
La educación (llámenla competencia mediática o simplemente espíritu crítico) ni se contempla como defensa ante la mentira: ni aparece en el texto publicado. Creo que es un gran error , pero seguramente esté equivocada. Llamaré al Gobierno para que me diga la verdad en cuanto pueda.
