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José Francisco Conrado de Villalonga

La comisión de la verdad

El Gobierno Sánchez-Iglesias dice luchar contra las «noticias falsas» pero en la práctica puede tratar de controlar la información

La aprobación de una orden ministerial que crea una Comisión Permanente para regular «la lucha contra la desinformación» ha levantado pavor entre los medios de comunicación y la ciudadanía pensante, asombro y preocupación. El texto desde el punto de vista de técnica jurídica puede resultar de difícil comprensión y desde el punto de vista de la libertad de expresión podría vulnerar el artículo 20 de la Constitución, que reconoce en su punto 1º a) el derecho a «expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas, y opiniones, mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción». Según el Gobierno de Sánchez-Iglesias se trata de evitar «noticias falsas» pero en la práctica se puede tratar de controlar la información que divulgan los medios. El creado Comité para la lucha contra las campañas de desinformación tiene unas connotaciones bolivarianas que en democracia no es compatible con la libertad de expresión e información. ¿Estamos introduciendo en nuestro ordenamiento el concepto fake news sobre el que tanto se prodigó el derrotado Donald Trump durante cuatro años? El Gobierno dice que «perseguirá la difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que pretende influir en la sociedad con fines interesados y espurios». Esta explicación por sí sola sobresalta, nos recuerda a Maduro y nos conduce a la pregunta: ¿Quién califica la información? ¿El propio Gobierno? Claro. Algún partido político ya a insinuado que se estaba creando un «Ministerio de la Verdad» y la Comisión Europea ha avisado de que estudiara esta orden ministerial. Y si tenemos en cuenta que el Ejecutivo intenta controlar aún más el órgano de gobierno de los jueces, tal como pretende hacerlo Polonia, es para ponerse a temblar.

La comisión de la verdad

Los tribunales dilucidan lo que es verdadero o falso, es innecesario crear órganos que tutelen lo que pensamos o decimos

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Este mal rollo me ha recordado un artículo que publiqué en Diario de Mallorca el 31 de agosto de 2014 y que titulé La verdad falsa, con motivo de una amenaza que el Califato yihadista del llamado «Estado Islámico» había lanzado contra el Papa Francisco al que consideraban «portador de la verdad falsa». Como oxímoron la frase no tenía desperdicio, perfecta combinación de dos palabras con significado opuesto, al tiempo que se trataba de una insolencia de gravedad extrema. Ahora nos preguntamos, ¿Qué es eso de un Comité de la Verdad? ¿Es posible que una verdad sea falsa tal como dicen los yihadistas y los despóticos autócratas caribeños? Teóricamente es posible formar cualquier sentencia, -desde el punto de vista semántico-, pero a la hora de interpretarla puede resultar una auténtica chorrada. Ser portador de una «verdad falsa» supone, que la propia información puede ser falsa o verdadera según el que la califica y que al calificar la verdad de «verdad falsa» resulta que esa verdad no pierde su cualidad de verdadera, es decir que la Comisión Permanente de la Verdad podrá falsear la realidad a su conveniencia, pero los hechos son lo que son. Estas paradojas son tan antiguas como la civilización misma, Eubulides de Mileto –S.IV a de C.- explicaba, ya en aquella época, sobre la verdad y la mentira y terminaba su discurso diciendo que todo lo que había expuesto era falso. Entonces sus seguidores se preguntaban si esta última aseveración era también falsa, pues en este supuesto lo que acababa de decir sería verdadero. Epiménides, poeta del S.VI a C., dijo que los cretenses eran todos unos mentirosos, entonces sus discípulos se preguntaban, - siendo él también cretense- si decía la verdad o una mentira en su última afirmación, con lo cual, si fuera cierta, lo que acababa de decir no sería una mentira sino una verdad.

Convendría explicar a los miembros de la Comisión que hoy todavía quedan, en este atribulado país, unos tribunales que puede dilucidar lo que es verdadero o falso y que también tenemos un Código Penal que es de aplicación, por lo que es innecesario crear órganos controladores que tutelen lo que pensamos, decimos, escribimos o divulgamos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, hasta ahora libremente.

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