Es sospechoso que a los de Vox les haya brotado súbitamente un afán indescriptible por defender la libertad de manifestación, sin que ello signifique necesariamente que la formación de extrema derecha haya organizado las algaradas del pasado sábado, que desembocaron en escenas impropias de un país democrático que tiene bien abiertos los cauces pacíficos de resolución de conflictos. Espinosa de los Monteros, el de los lofts, contemporizaba con los «manifestantes pacíficos», supuestamente desplazados por los de extrema izquierda, que a su entender se pronuncian contra un Ejecutivo que trae «caos y ruina» a este país. Los últimos que históricamente han reprimido en España la libertad de expresión son los padres o los abuelos o los bisabuelos de los activistas de Vox, que primero tremolaron las banderas franquistas contra la legitimidad republicana y mantuvieron después inflexible su dictadura durante cuarenta años. En la España de hoy, no sólo se puede protestar sino que hasta se puede votar para echar a los políticos ingratos de sus puestos de responsabilidad.
Es de suponer que las fuerzas de seguridad del Estado investigan las relaciones entre Vox y los elementos negacionistas que saquean y estragan, pero los sospechosos deben saber que quienes incitan a desdeñar las medidas de seguridad que han de protegernos de la pandemia cometen un delito de lesa humanidad. Y muchos no estamos dispuestos a consentir que este delirio quede impune.
