El avance de los próximos Presupuestos Generales del Estado, consensuados por el PSOE y Podemos, ha vuelto a significar un jarro de agua fría sobre las perspectivas y necesidades inversoras de Balears y la reedición de la injusticia que afecta al archipiélago en relación al resto de las comunidades autónomas.

De las cuentas presentadas por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se desprende que, de no paliarse el agravio vía enmienda en el Congreso o el Senado, Balears volverá a quedar por debajo de la media estatal de 258 euros per cápita. El Gobierno solo presupuesta 175 para cada uno de los residentes en la isla. Es una diferencia abismal en relación a los 418 que reciben los residentes en Murcia o los 388 de Extremadura.

Tal previsión también significa echar al traste los avances alcanzados por Pedro Sánchez y Francina Armengol, al final de la legislatura anterior, que auguraban un Régimen Especial para Balears (REB) con financiación acorde con la media estatal. De la segunda parte del acuerdo, el despliegue fiscal de la aportación del Gobierno, ni siquiera se habla ya.

La decepción persiste. El archipiélago se ve forzado a permanecer en su desigualdad crónica de la insuficiente financiación del Estado. Es toda una injusticia para una comunidad que, como consecuencia de su propio desarrollo económico, ha hecho considerables aportaciones a las arcas públicas comunes, como se han apresurado a recordar estos días las organizaciones empresariales y que ahora, cuando se avecinan malos tiempos, tras una temporada turística prácticamente inexistente, ve cómo Madrid vuelve a darle la espalda.

Es verdad, por contra, que con los fondos europeos que distribuye el Estado se compensa con mayor realismo la situación actual y se responde de forma más acorde con el momento de crisis. Por lo menos no marginan a las islas de la media de sus contribuciones.

Lo ocurrido con los presupuestos del Estado ha incrementado los niveles de malestar y esta vez ha hecho que el Govern elevara el tono de su reivindicación. La consellera de Hacienda Rosario Sánchez ha hablado de “trato injusto” y ha admitido a las claras que “no se ha cumplido el REB”. Esta posición contrasta con la de Aina Calvo como única voz discordante. La delegada del Gobierno ha englobado bajo un único concepto todas las vías de contribución estatal que llegan a la isla para que de este modo le saliera una media más alta. Esta valoración no deja de ser superficial y engañosa porque se aparta de los conceptos de insularidad y no tiene en cuenta que Balears también es uno de los grandes contribuyentes, vía impuestos, a las arcas del Estado.

Además, a partir de este mismo principio, hay que tener en cuenta que la inactividad turística de este verano se traducirá en una menor capacidad recaudatoria de tributos que luego reducirá, otra vez, la asignación del Estado. Es necesario que estos desajustes fiscales y la volatilidad de su uso meramente político se equilibren de una vez por todas.

Para maquillar el perjuicio presupuestario que afecta a Balears, Podemos ha hecho hincapié en el carácter social de las cuentas. Es una compensación insuficiente. El PP ya dice que el REB es papel mojado y Més reclama la mesa de negociación. Es imprescindible hallar una fórmula sólida para normalizar la financiación de estas islas.