Cristina Narbona, presidenta del PSOE, ha ofrecido formalmente retirar el proyecto de ley de reforma del sistema de elección del CGPJ —que es perfectamente constitucional y que no disuena en absoluto de los modelos europeos y, en general, occidentales— si el PP se aviene a negociar un nuevo Consejo por la fórmula tradicional, que no es en absoluto apolítica —y quien diga lo contrario, miente a conciencia— pero que ha dado un resultado aceptable hasta ahora (en cualquier caso, no parece este el momento adecuado para emprender una gran reforma del sistema que nos ha traído hasta aquí).
Este intento conciliador del partido mayoritario ha recibido de su principal antagonista una respuesta poco condescendiente y difícilmente aceptable: el PP sólo negociará si Podemos queda fuera de la negociación y si el PSOE acepta las propuestas que le ha presentado el PP.
Veamos la entidad de tal contrapropuesta. La exclusión de Podemos es evidentemente inaceptable por razones políticas de actualidad e históricas de mayor calado. El PCE, parte fundamental en Unidas Podemos, adquirió plena respetabilidad, que todavía conserva, desde el momento que se sumó de buena fe y con gran eficacia a las operaciones de la Transición, pagando un alto precio incluso en vidas por ello. Les guste o no a los conservadores actuales, Santiago Carrillo fue un personaje decisivo para la legitimación provisional de aquella monarquía designada por Franco hasta que consiguió su legitimación constitucional, impulsada también, entre otros, por el Partido Comunista.
En la actualidad, Unidas Podemos es una formación inobjetablemente democrática, republicana, radical, que no ha sido deslegitimada por condena alguna —a pesar de los esfuerzos de la Policía Patriótica comandada por el exministro Jorge Fernández Díaz—. Podrá sentirse simpatía o rechazo hacia este personaje singular que es Pablo Iglesias, pero precisamente el pluralismo consiste en convivir y conllevarse con amigos y adversarios. Por lo que no tiene sentido pedirle al PSOE que repudie a su socio de coalición porque discrepa absolutamente de ciertos postulados liberales y se manifiesta legítimamente republicano.
Todo esta argumentación resulta claramente fortalecida, además, por el hecho de que el Partido Popular, tan puritano con la ortodoxia constitucional, tiene un pasado reciente poco decoroso y gobierna tranquilamente en varias comunidades autónomas con Vox, una formación de extrema derecha, hermana de la formación francesa de Le Pen Rassemblement National y de la alemana Alternativa para Alemania (AfD), entre otros neofascismos, sin haber establecido el cordón sanitario que con saludable tesón mantienen los partidos democráticos franceses y alemanes con relación a la extrema derecha. Merkel ha preferido gobernar con los socialdemócratas a echarse en brazos de AfD, que cuenta con la explícita y dura hostilidad de la propia Merkel. ¿Cómo se entiende, entonces, tan vehemente rechazo de las gentes de Casado a la organización de Pablo Iglesias, cuando el PP muestra tanta complicidad con el partido de Abascal, que rechaza la violencia de género, que abomina del Estado de las Autonomías y que ya ha mostrado claros ramalazos racistas?
En el fondo, esta actitud del PP es consecuencia del no reconocimiento de la legitimidad de origen del actual gobierno, que derribó a Rajoy del poder por una larga historia de corrupciones que va decantando en los tribunales y que merecía una reprobación democrática de alto porte. Tras las sentencias ya conocidas y a la espera de las que todavía han de dictarse, el PP debería sentirse compungido y dispuesto a una gran renovación en vez de encastillarse en el resentimiento frente a unas organizaciones que no han hecho más que sacar a la luz comportamientos indecentes. Quizá, en cierto sentido, Rajoy se viese sorprendido en su buena fe por sus colaboradores infieles, pero es asimismo evidente que todo aquel cúmulo de excesos que vulneraron durante décadas la igualdad de oportunidades —quien cuenta con recursos ilegítimos parte con ventaja en los procesos electorales— debía tener consecuencias, que son las que efectivamente se han producido.
El PP tiene la palabra, pero el PSOE ha tomado la iniciativa. Si los populares se obstinan en el no, Europa no podrá detener una ley perfectamente homologable con las que rigen en numerosos países de la UE.
