La torrentada de fondos europeos que va a llegar a España en los próximos años para paliar los devastadores efectos de la Covid-19 constituirán una oportunidad histórica análoga al Plan Marshall, o una hipoteca fabulosa que les dejaremos a los millennials y nasciturus. Está por ver. Por primera vez se en la historia de la Unión Europea la Comisión Europea va a solicitar préstamos en nombre de la UE en los mercados de capitales. Y eso lo vamos a pagar todos los europeos, nacidos y no nacidos, paganos y no paganos, a lo largo de las próximas décadas.
Los fondos que corresponden a España en función del impacto de la Covid-19 en nuestra debilitada economía son 140.000 millones, entre subvenciones (72.000 millones) y 67.300 millones de euros en préstamos del fondo de recuperación. El hasta ahora séptimo, pero no último, borrador del Consejo de 28 de mayo de 2020, en el primer plazo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MMR) nos reserva casi 47.000 millones en subvenciones. Irán soltando el dinero en función del cumplimiento de objetivos marcados. También se establecen mecanismos de suspensión de pagos si no cumplimos.
El citado borrador en su punto 1.5.4 deja bien claras las reglas de juego: «El Instrumento de Recuperación tendrá el mismo nivel de transparencia, responsabilidad y control de auditoría que el presupuesto tradicional… Una serie de procesos de gestión esenciales deberán mejorarse sustancialmente, en particular la contabilidad y la elaboración de informes sobre la distribución y el uso de los medios destinados a las diferentes políticas; ...y la garantía de que se dispone de todos los medios en caso necesario y en las condiciones más ventajosas; y el apoyo informático necesario».
Como regla general, el MRR solo financiará gastos no recurrentes que supongan un cambio estructural y tengan un impacto duradero sobre la resiliencia económica y social, la sostenibilidad, la competitividad a largo plazo y el empleo. Desde inversiones en capital humano (educación, formación, salud, protección social, etc.), pasando por capital fijo (infraestructuras e I+D+i es especial) y capital natural (fuentes de energía renovable natural, protección y restauración del medio ambiente, mitigación o adaptación al cambio climático, entre otras). Restan incógnitas sobre la centralización o no en la gestión de los fondos y en su caso la participación o no de comunidades autónomas y entidades locales.
O sea, una oportunidad fabulosa para volver a crecer y recuperar empresas y puestos de trabajo perdidos y por perder.
Desde mi experiencia en la gestión pública y como conocedor de las leyes a que hacen referencia los dos párrafos anteriores (básicamente ley de Contratos del Sector Público, ley de Subvenciones, de Régimen Jurídico, de Procedimiento Administrativo y la General Presupuestaria) quiero centrarme en dos cuestiones que, de no acometerse con carácter de urgencia inmediata (nótese la redundancia), anuncian un fracaso mayúsculo y una carga más para los presentes y las futuras generaciones.
En primer lugar, deberíamos olvidarnos del dinero y centrarnos en las reformas estructurales que no hacemos desde la primera legislatura de Felipe González. Es imprescindible modernizar la Administración General del Estado y las comunidades autónomas o no podremos absorber la gestión de los fondos europeos. Somos el país con peor nota en la gestión de fondos europeos. Si de los casi 40.000 millones del Fondo de Cohesión del periodo 2014-2020 sólo nos hemos gastado un 35%, ¿cómo esperamos gestionar lo que insistentemente pedimos, que es el doble de lo que estamos acostumbrados a gestionar, pero en la mitad de tiempo? Tendremos sólo hasta el 2026. Y eso es ya. Necesitamos un quórum muy importante para modernizar las administraciones públicas y, desgraciadamente, sólo cabe la forma de decretos leyes dado el poco tiempo del que disponemos.
El presidente Sánchez ha anunciado, sin concretar, una reforma profunda para eliminar trabas administrativas, reforzar estructuras y garantizar una gestión eficaz, ágil y transparente. Ese es el verdadero reto al que deben de ponerse un grupo de expertos en gestión pública. Si lo dejan en manos de políticos, no saldrá nada útil ni nada bueno. Volveremos al Plan E de Zapatero, a las rotondas, y a los bordillos. Y lo que es peor, al riesgo de que parte de esos fondos acaben en proyectos inútiles salvo para los bolsillos de los comisionistas, como ha pasado en este país en multitud de ocasiones.
La segunda parte es un hilo de la primera: reformas profundas no consisten, por poner un ejemplo, en comprar un iPad para cada niño, ni en construir infraestructuras que todos los partidos políticos tienen en los cajones por no haberlo podido hacer en otras legislaturas, ni otras ocurrencias. Es algo mucho más complejo. Necesitamos todo el capital intelectual del país sentado a una mesa durante un mes, analizando cómo mejorar nuestra educación, nuestra –no tan buena como creíamos– sanidad, nuestras devaluadas universidades, cómo mejorar nuestro medio ambiente, reconstruir nuestra oferta turística, de ocio y servicios, que va a tener que menguar, cómo revitalizar empresas y cuáles (la UE descartas las empresas no viables como receptoras del MRR), impulsar la reforma de la Administración de Justicia y tantas otras más. Ese es el verdadero reto al que se enfrenta este país. Y a lo que tienen que estar sus políticos. Para eso cobran.
