Tras tres años de instrucción, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha dictado un auto por el que abre juicio oral contra quienes fueron los máximos responsables de Sa Nostra en su última etapa, antes de que la caja de ahorros insignia de Balears se viera en la necesidad de ser absorbida por otras entidades financieras.

El instructor da crédito a las peticiones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado y atribuye a los exdirectores generales Pere Batle y Pau Dols, al responsable de la inmobiliaria Invernostra Rafael Oliver y al expresidente Fernando Alzamora, los presuntos delitos de apropiación indebida y administración desleal en una rocambolesca y fallida operación inmobiliaria en Huelva. Los acusados deben enfrentarse a una petición de penas que suma 25 años de cárcel y el pago solidario de 36,2 millones en concepto de indemnización por responsabilidad civil.

Esta no es la única causa penal a la que deben enfrentarse antiguos directivos de Sa Nostra como consecuencia de operaciones bancarias alejadas de la transparencia, el rigor financiero y el distanciamiento de los fines propios de la entidad, un modo de mala praxis crediticia que acabó con la caja de ahorros, no solo en su sustancial valor económico, sino también en su alto peso social, cultural y patrimonial.

La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Balears fue fundada el 18 de marzo de 1882 con la finalidad de hacer frente a lo que en la época ya era un factor sociológico, la usura y la extorsión de las clases modestas y necesitadas. En el artículo inicial de sus estatutos fundacionales, el primer presidente, Antonio Maria Sbert y el director, Alejandro Rosselló ya daban por sentado que constituían una entidad exenta de lucro mercantil y con fines sociales. Es evidente que ha acabado siendo todo lo contrario hasta unos niveles que han llevado a la propia extinción de la caja de ahorros.

Sa Nostra llegó a ser en sus buenos tiempos la primera entidad financiera de Balears. La bonanza y expansión de la economía del archipiélago, en el último tercio del siglo pasado, no puede entenderse sin la aportación y crecimiento paralelo de la entidad. Sobre todo a partir de la última década de los años 80, la caja de ahorros se expandió y logró una alta implantación en la práctica totalidad de municipios de las islas. Lo tenía todo a favor, por tanto, para consolidarse y seguir el proceso de modernización iniciado para avanzar hacia el progreso junto a la sociedad que, mayoritariamente, le había confiado sus ahorros y la confianza a la hora de buscar operaciones de crédito o de inversión financiera. El prestigio ganado por Sa Nostra obedecía también, en buena parte, a su decidida apuesta por la cultura y la asistencia social.

Todo empezó a irse al traste desde el momento en que sus últimos responsables se involucraron en operaciones opacas como esta de Huelva que juzgará la Audiencia Nacional. Con este vuelco injustificable el nombre de Sa Nostra ha aparecido vinculado de forma progresiva a demasiados escándalos de corrupción política vividos en Balears en los últimos tiempos. Esta es otra vertiente de su proceso de desaparición, ha habido exceso de intervención política en lo que solo debía ser profesionalidad financiera. Por eso los partidos han aplicado un pacto de silencio en vez de promover investigaciones y exigir unas responsabilidades que les afectan a ellos. Balears se ha quedado, con demasiada impunidad de por medio, sin la identidad de su principal referente financiero.