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Consorcio de la Playa de Palma: un fiasco

‘Retrato’ de los miembros del Consorcio.

‘Retrato’ de los miembros del Consorcio.

El Tribunal Superior de Justicia de Balears ha anulado una orden de la conselleria de Turismo por la que se pretendía diluir la devolución al Gobierno central de 20 millones de euros que habían sido concedidos al Consorcio del Playa de Palma para desarrollar proyectos de mejora de infraestructuras en la zona. El Consorcio se creó en el año 2004 y en él participan el Govern balear, el Consell de Mallorca y el ayuntamiento de Palma. Desde aquella fecha, y han pasado 16 años, no se ha llevado a cabo ningún proyecto ni obra alguna. Al parecer, y, según sentencias del Tribunal Superior de Justicia y de la Audiencia Nacional, nada de lo previsto se ha hecho con este dinero y sí se ha utilizado para gastos corrientes, sueldos, asesores, secretarios, técnicos, oficinas, etc., lo de siempre. Ni un solo proyecto ha sido desarrollado en 16 años.

La indignación ciudadana es mayúscula y los empresarios de la zona están que trinan. Durante estos años se han sucedido en el Consorcio, el partido socialista y el partido popular, a sea, da lo mismo, unos que otros, el resultado ha sido, dejadez, indiligencia, incapacidad, ineficiencia, despilfarro. Es realmente alarmante que no hayan sido capaces de hacer una sola mejora en la zona con esta ayuda estatal. El dinero llegó y se empleó para algo que no sabemos. ¿Por qué la administración actual no lo aclara y lo explica? ¿Por qué no se facilita la lista de las personas que durante estos años han estado cobrando sin hacer nada? Hay tres sentencias que condenan a la comunidad autónoma. Es fácil culpabilizar a Madrid, porque no colabora, que solamente recauda impuestos en las islas y se los lleva –lo cual es bastante cierto–, pero ¡cuidado!, cuando colabora y en este caso lo hizo, no hay capacidad para hacer uso correcto de la ayuda, invertir adecuadamente la subvención. Sí ha habido negligencia en la actuación y por supuesto voluntad de repartirse estos 20 millones.

Los del Partido Popular cuando se hicieron cargo del Consorcio en el año 2011 dijeron que «no encontraron ni un euro» porque los socialistas se los habían gastado. Margarita Nájera, presidenta del Consorcio durante años, al ser preguntada por este asunto contestó «que no sabe que pasó ni en que se gastó el dinero recibido». La consellera Costa dice que «encontramos mucho estudio, muchos informes, pero no se había empezado a ejecutar nada». Ante este fiasco la Audiencia Nacional condenó al Govern balear a devolver un dinero al Estado porque jamás se gastó en la mejora urbanística de la Playa de Palma, fin para el que se había aportado. Aunque nos duela, en esta ocasión, Madrid tiene razón.

Las administraciones públicas son las encargadas de gestionar –ad minister, vocablo procedente del latín, compuesto por el prefijo ad que significa adoptar y minister, sirviente–, los intereses colectivos y para ello cuentan con los recursos que les proporciona la recaudación de impuestos y siendo esto así, cuando hay incompetencia en la clase política el resultado puede llegar a ser mortal. Estar en política no consiste solamente en ostentar poder, se requiere capacidad para gestionar adecuadamente. En este caso esos políticos que gestionaron el Consorcio han demostrado cuando menos una capacidad raquítica. En la fotografía que ilustra este artículo se «retrata» a algunos que ha estado en «ello». ¿Qué perjudica más al vecindario la corrupción o la ineptitud? Estamos ante un caso de vergonzosa demostración del poco respeto que se ha tenido con el dinero del ciudadano. Se necesitan gestores profesionales y no políticos sin preparación. Si no se han hecho bien, como ha quedado sentenciado, se debe de aclarar, dar cuenta de ello y relacionar la nómina de los que para este resultado han cobrado. No vale intentar un desplazamiento de responsabilidad.

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