El Tribunal Superior de Justicia de Madrid considera (treinta folios) que las medidas de confinamiento acordadas por el ministerio de Sanidad para diversas localizaciones madrileñas son inaceptables. El Tribunal Superior de Justicia de Balears considera (tres folios) que las mismas medidas de confinamiento acordadas por el mismo ministerio de Sanidad para diversas localizaciones baleares se ajustan perfectamente a derecho.
En la lógica de una empresa privada, se procedería a desmantelar uno de los dos Tribunales citados, como mínimo por ineficiente. Sin embargo, en el Estado de Derecho se nos quiere vender que el disparate antes que disparidad es otro ejemplo de la grandeza de la Justicia. De su ceguera, cuando menos. Conviene recordar que se dirime un asunto a vida o muerte, no una fruslería urbanística. Los leguleyos se refugiarán en que nunca hay dos asuntos judiciales exactamente idénticos, pero por algo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea obliga a sentenciar en el mismo sentido los casos “similares”.
La única explicación científica a los dos veredictos contradictorios, a cargo de instituciones paralelas, apunta a que el coronavirus cuestionado no funciona igual en Madrid que en Balears. Se trata de un descubrimiento de enjundia planetaria, donde solo debe lamentarse que el Nobel de Medicina se haya concedido esta semana.
Desde marzo, la gestión del coronavirus se basa en el miedo infundido, y no hay ninguna razón para descartar que este factor sea ajeno a la burocracia contencioso-administrativa. Podría hablarse pues de la cautela balear frente a la temeridad madrileña, sin posponer ni una línea más un pronunciamiento propio que coincidirá al menos con la mitad de los Tribunales Superiores. Acierta Madrid, por una vez. Se está recurriendo a una peligrosa medicalización para introducir medidas represivas contrarias a la Constitución, y con niveles de vulgar resolución ministerial. La chinificación, que diría Trump.
