Si hacemos caso a los profesores de economía Daron Acemoglu y James A. Robinson en su libro Por qué fracasan los países cuando afirman que la clave del buen funcionamiento de un país reside en la política y sus instituciones, deberemos considerar que el caso de España, donde se ha constatado que el fracaso en la gestión del coronavirus es atribuible directamente a la crisis institucional en que desde hace más de una década estamos inmersos. Es una crisis de representación política cuyas manifestaciones han dado lugar a la aparición de nuevos partidos políticos: Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox. Es una crisis panorámica, afecta a la izquierda, a la derecha y al centro político, sin que los nuevos partidos hayan aportado ninguna alternativa institucional para que los ciudadanos pudieran sentirse verdaderamente representados y fuera posible instrumentar una política que contara con su mayoritario respaldo. Es una crisis sobre la forma de Estado en la que una parte importante de la población ha puesto en cuestión la persistencia de la monarquía. Las élites dirigentes, en su afán de auto conservación, han llegado hasta el extremo de eliminar de las encuestas oficiales del CIS, un organismo que sufragamos entre todos, tan determinante para conocer el estado de la opinión, todas las preguntas relacionadas con la monarquía. Es una crisis de confianza en el Estado porque se han conculcado los derechos de los ciudadanos a acceder a puestos de responsabilidad pública en función de los méritos acreditados objetivamente, debido a la colonización de la administración del Estado por los partidos políticos, desde el Consejo General del Poder Judicial al Tribunal de Cuentas y todas las empresas públicas, dirigidas no por gestores capaces sino por afiliados a los partidos. Es una crisis de la justicia, absolutamente politizada, debido a la ausencia de una verdadera separación de poderes, que ha derivado en una judicialización de la política. Otra consecuencia es la subordinación del parlamento al ejecutivo, derivado también del sistema electoral y la dependencia de las listas electorales de las cúpulas partidarias. Un Estado debe asegurar a sus ciudadanos seguridad, derechos, vidas dignas y leyes que se respeten.
No se respetan las leyes, como se demuestra con la crisis separatista en Cataluña, a la que quiere responder Sánchez con los indultos a los condenados; ni se asegura la inviolabilidad de la vivienda, cuando el propio parlamento con los votos de PSOE y Unidas Podemos rechaza medidas orientadas a frenar las ocupaciones. No vale la excusa de si la propiedad es de un banco o de un fondo de inversión, al final figuran los ciudadanos accionistas. ¿Cómo se puede alentar la inversión en esas condiciones? Es una crisis territorial, como se ha demostrado en la gestión de la pandemia, donde el gobierno central y el de la Comunidad de Madrid están enfrascados en un combate donde el coronavirus es un arma para derrotar al adversario.
La crisis institucional que vivimos, de la cual son directamente responsables los partidos políticos, especialmente los que han gobernado durante cuarenta años, forma una malla que paraliza, limita, o directamente impide, los movimientos que un país necesita para poner en marcha los mecanismos que aseguren su existencia independiente. Es talmente como las redes de pesca a la deriva que atrapan en el mar a tortugas laúd, delfines, ballenas y otros animales, les restringen sus movimientos y los condenan a morir de inanición o devorados por depredadores. Mientras no seamos capaces de deshacernos de estas limitaciones no vamos a ser capaces de hacer frente con solvencia a las necesidades del país.
El miércoles presentó Sánchez sus medidas económicas hasta 2023, que supondrán la inversión de 72.000 millones de euros, provenientes de la Comisión Europea, para hacer frente entre otros objetivos, como las ayudas por la Covid-19, a la transición ecológica y a la digital que son necesarias para la modernización de la economía del país. Se prevé recibir en 2021 la cantidad de 27.400 millones de euros de los fondos europeos. Pues bien, mientras Sánchez estaba desglosando ante un auditorio de empresarios, sindicalistas y los 27 embajadores de los países de la UE las medidas que el gobierno quiere implementar, entre las que figura la creación de 800.000 puestos de trabajo (debería haber cambiado la cifra para evitar comparaciones con la promesa de Felipe González en 1982, que no pudo cumplirse), se conocía la noticia de que el juez Manuel García Castellón elevaba al Tribunal Supremo la investigación (la antigua imputación) del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por el caso de la tarjeta del móvil del caso Dina Bousselham, por tres posibles delitos: revelación de secretos, daños informáticos y denuncia falsa. Como se recordará, antes de las elecciones de 2019 Iglesias se presentó como parte perjudicada, que fue revocada más tarde por el juez, y considerada otra vez por la Audiencia Nacional y la fiscalía, ahora dirigida por la exministra de justicia Dolores Delgado, ahora pareja de Baltasar Garzón. Todo muy enredado, sí, como el país. Medios jurídicos minimizan las consecuencias de la imputación por revelación de secretos y daños informáticos, pero creen más plausible la de denuncia falsa, como estratagema electoral en la que se acusaba a Villarejo y la llamada “policía patriótica” como instrumento al servicio del PP. UP, como se esperaba, ha cargado contra el juez.
En este clima, en el que se acusa a Rajoy y la plana mayor del PP de instrumentalizar a funcionarios del Estado para cometer graves delitos, que empequeñecen al Watergate de Nixon por robo de documentación a Bárcenas, así como de secuestro por medio de un falso sacerdote, utilizando fondos reservados, es en el que va a tener que desarrollarse la moción de censura de Vox contra el gobierno que va a tensar aún más, si esto es posible, la situación política; moción para la que aún no hay fecha. La ofensiva de Vox tiene un claro objetivo: desgastar todavía más a un PP y a un Pablo Casado de lo que le ha supuesto la defenestración de su portavoz, Cayetana Álvarez de Toledo, como parece que anuncian encuestas privadas. Cuando más necesaria es la unidad, más se evidencia la división y más probable se ve el hundimiento del país en la irrelevancia. En 1976 el Consejo General del Movimiento se hizo el harakiri. Seguro de que no va a cundir el ejemplo, a este desastre le llaman democracia.
