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Marga Vives

Por cuenta propia

Marga Vives

Pasaporte a la indigencia

La prórroga de las ayudas estatales a los ERTE se ha celebrado con excitación, aunque algunos de los que llevan recibiéndolas desde marzo guardan cola en el Banco de Alimentos. La ONG Sos Mamás recauda pañales y galletas María para familias que cuentan hasta el último céntimo de euro para llegar a fin de mes. En Balears, donde hace tres años vivía el mayor porcentaje de jóvenes emancipados de España, menos de una cuarta parte consigue ahora independizarse de sus padres. Los treinta son los nuevos veinte, y al rebasar esa década llega una etapa de la vida en la que, con suerte, se logra superar los 12.000 euros de sueldo anual. En un país que donó 22.000 millones para rescatar un banco de la quiebra, no podemos pagar ni un alquiler ni una hipoteca aunque trabajemos.

La combinación de salarios bajos y pisos caros es cínica y caprichosa, y empuja a la okupación. Vivimos en el lugar en que más cuesta hacerlo con dignidad, donde los precios no dan un respiro ni en un momento de aprieto, un territorio atractivo para los turistas pero no para el buscador de empleo que tiene que renunciar a venir porque no encuentra un piso asequible a sus necesidades. Lo que está sucediendo nos coloca a todos ante el desconcierto de un mercado que sigue a lo suyo, como si nada ante la emergencia, con sus inflaciones, su especulación y sus suculentas adquisiciones por lotes a cargo de fondos buitre de capitales cuyo origen se pierde en el laberinto empresarial y que se permiten dejar en barbecho un providencial negocio. Como si el mercado no fuéramos usted, yo, todos nosotros.

La primera parte de la pandemia nos pilló desprevenidos; la segunda, confiados, y los contagios han vuelto a subir. Lo mismo pasa con la crisis; salimos de la anterior pensando que había que mejorar algunas cosas, pero años después, da la sensación de que casi todo sigue la misma inercia, la de capear los temporales y resistir hasta que vuelva la vieja calma anterior, sin los cambios en profundidad a los que tanto miedo se tiene, por muy terrorífica que sea la situación actual. La difícil negociación de los expedientes de empleo por bajada de la producción o la necesidad de adelantarse con la ley a un aluvión de despidos da una pista de la fragilidad con la que el mercado laboral llegó al tiempo de la pandemia. La necesidad de garantizar por decreto la renovación de los contratos de alquiler a inquilinos y de evitar los desahucios mientras dure la emergencia sanitaria es también un reconocimiento de los costurones que estaban a punto de reventar cuando el coronavirus arrasó con todo. En ambos casos, hace falta tomar nota y pensar a largo plazo; lo que sucede ahora no es más que la realidad aumentada con la que no se ha podido –o no se ha querido– lidiar durante años. ¿O acaso pensamos que al día siguiente de que todo vuelva a ponerse en marcha nos habremos vuelto inmunes a la siguiente tormenta?

El BOE publicó hace unos días la norma catalana que limita la subida de los precios de la vivienda en las sesenta ciudades más tensionadas. Algunas capitales europeas ya lo han intentado antes, y aunque no es fácil, hace falta. En Balears es asignatura pendiente y compromiso del gobierno actual. En España, según Cáritas, dos millones y medio de personas que trabajan son pobres; 3 de cada 10 familias se las ven y las desean para pagar las cuotas de su piso, dos de cada 10 no pueden asumir las facturas de la luz y del agua. Una fragilidad que tarde o temprano se transmite al mercado, como hemos comprobado en la crisis anterior –todavía están los bancos deshaciéndose de hipotecas fantasma, de hogares de nadie que no se pudieron pagar–.

Que la urgencia no vuelva a tapar todo eso; con el dinero de Europa, el Ejecutivo ha anunciado varios ejes de actuación clave dentro de un plan de recuperación para movilizar de manera productiva los 140.000 millones que se destinarán a la reconstrucción del país. Un plan que prevé crear 800.000 empleos en tres años. Esperemos que esa inversión se acompañe de las reformas necesarias para garantizar que todos estos puestos de trabajo no serán otro pasaporte a la indigencia.

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