La decisión de prolongar la cobertura de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el próximo 31 de enero de 2021 es todo un alivio para el grueso de los empleados que este verano apenas han podido trabajar como consecuencia de la pandemia del coronavirus. También, una posibilidad de replantear el futuro de muchas empresas turísticas que, tras una temporada sin clientes, se veían abocadas al cierre o a una crisis de compleja superación. Para adquirir conciencia de la trascendencia del acuerdo, cabe destacar que la cobertura alcanza además a los 85.000 trabajadores fijos discontinuos del archipiélago que ahora por lo menos podrán percibir el 70% de su salario e incluye a sectores como el comercio y la restauración, que corrían el riesgo de quedar fuera. Está claro que se ha evitado un invierno que condenaba a la precariedad a muchas familias y con ello, a una grave crisis social.

Por una vez, y ojalá sirva de precedente, el Gobierno de Madrid ha sabido responder a las demandas de Balears y no con el maltrato fiscal al que nos tiene acostumbrados. Incluso ha reaccionado con creces respecto a las expectativas creadas. El Govern y los agentes sociales habían planteado una continuidad de los ERTE hasta final de año y se ha concedido un mes más. No es consecuencia de una sensibilidad repentina por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, sino de una labor que en buena parte puede atribuirse al conseller Iago Negueruela y a la presión conjunta de sindicatos y empresarios.

Sin embargo, también hay que decir que el logro alcanzado no es gratuito. Es una necesaria salida de emergencia para un tiempo de especial dificultad y que solo ha sido posible gracias al cambio de rumbo de las políticas de la Unión Europea. A diferencia de la crisis de 2008, ahora, con buen criterio, se ha optado por salidas sociales. Este golpe de timón puede hallar su explicación en el hecho de que, en contraste con la crisis anterior, ahora el impacto del coronavirus ha castigado también sin discriminación a los países del norte y centro de Europa.

El encarrilamiento del regreso a la normalidad necesaria dependerá de dos factores principales. De una parte, la evolución sanitaria de la pandemia de la covid-19 y de otra, las políticas que adopten las nuevas autoridades europeas. Si ahora, Angela Merkel se ha decantado por medidas de tono social es porque Alemania no ha quedado exenta del coronavirus y porque la canciller está en retirada. Sus sucesores y los altos cargos de la Unión Europea no deberían perder de vista las necesidades elementales de la ciudadanía.

Habrá que admitir en todo caso también que la prolongación de los ERTE implica un considerable coste económico que habrá que afrontar en los próximos meses con unas coordenadas que se presumen adversas. Quedan muchos interrogantes por despejar en una situación muy cambiante y pendiente de la consecución de la vacuna. Los expertos, que hasta hace poco pronosticaban una recuperación en V, ahora ya se decantan por un crecimiento más lento y sostenido en el tiempo. En la consecución de este buen acuerdo, hay que lamentar que se cerrara cuando estaba a punto de expirar el plazo, en contra de lo dicho por la ministra Yolanda Díaz cuando presidió la primera mesa de diálogo social en Palma. Con el retraso, los trabajadores han acentuado su inestabilidad y las empresas no han podido planificar.