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Pilar Garcés

El desliz

Pilar Garcés

El Constitucional y la violencia de género

Hoy debe declarar ante el Supremo el magistrado Fernando Valdés, detenido en verano por presuntos malos tratos a su esposa en el ámbito familiar. No ha renunciado por completo al cargo durante la investigación, ni tampoco se lo han pedido

Ilustración

Ilustración Elisa martínez

La noche del pasado 11 de agosto, un hombre de 75 años fue arrestado en su domicilio de Majadahonda después de que unos jóvenes llamaran a emergencias porque habían escuchado desde el parque de enfrente los gritos de una mujer pidiendo auxilio desesperada, y al acercarse se percataron de que estaba siendo zarandeada con violencia. La Policía acudió, y también la Guardia Civil, en cuyo cuartel prestó declaración el detenido, hasta que se sintió indispuesto y fue hospitalizado unas horas antes de pasar a disposición judicial. Cuando la titular del juzgado de Violencia contra las Mujeres supo de su boca que se trataba de un magistrado del Tribunal Constitucional, y por lo tanto aforado, procedió a inhibirse en favor del Tribunal Supremo, al hallar claros indicios de un posible delito de malos tratos. Aunque según la jurisprudencia del propio Supremo, este tribunal investiga a los magistrados en causas relativas a hechos cometidos en el ejercicio de sus funciones, y deja a los tribunales ordinarios las que no lo son, como este caso de posible violencia machista ocurrida en la vivienda particular, en esta ocasión decidió investigar a Fernando Valdés Del-Ré, que así se llama el acusado. A instancias de la Fiscalía, el alto tribunal le ha citado a declarar justamente hoy, junto con su mujer, quien no quiso denunciarle, los testigos y los agentes que le pusieron las esposas.

Valdés, en la actualidad de baja médica, está adscrito al ala progresista del Constitucional, y su cargo, que ocupa desde 2012 a propuesta del PSOE, es uno de los cuatro que está pendiente de renovación desde hace once meses por el Congreso de los Diputados. La polvareda levantada por su detención hizo que el presidente del tribunal de garantías, Juan José González Rivas, abandonase aceleradamente sus vacaciones en Galicia para interesarse por el asunto, y dejar muy claro que no se contemplaba pedirle la dimisión. La evidencia de que la causa no se ha archivado tampoco ha modificado una posición consistente en defender la presunción de inocencia de su colega. El broche de oro de este edificante asunto lo pone la paradoja de que una de las últimas sentencias de Valdés, considerado uno de los adalides contra la violencia de género de la justicia española, exige al Estado que elimine «toda pasividad, omisión ineficacia o negligencia (…) en las labores de prevención y protección, pero también de falta de la debida diligencia en las labores de investigación» de las agresiones machistas.

Estamos apañadas, amigas. Con un Gobierno de izquierdas, todo un ministerio de Igualdad y cientos de voces bien pagadas cantando las alabanzas del feminismo, un señor investigado por maltratar a su esposa sigue siendo magistrado del Tribunal Constitucional, ahora de baja temporal, y no dimite ni le echan hasta que todo se aclare pese a que ocupa un sillón caducado. Se irá cuando y como le dé la gana, su reputación por encima de la institución a la que está dañando. Y la próxima vez que un buen samaritano escuche gritar a una mujer, antes de socorrerla tal vez deba preguntar a qué se dedica el agresor presunto.

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