El inicio del curso escolar ha estado marcado por el especial esfuerzo de la comunidad educativa para aplicar las nuevas medidas sanitarias en los colegios. Pero la exigencia de un plan B semipresencial no ha ido acompañada de recursos suficientes para llevarlo a cabo con garantías de seguridad y calidad.
El desdoblamiento de grupos con menos niños requería una buena previsión pública y profesores suficientes para ello. Era evidente que habría que designar nuevos tutores y establecer un sistema ágil de sustituciones para las bajas que la pandemia vaya produciendo entre el profesorado. Sin embargo, el Govern de izquierdas no ha contratado todo el profesorado necesario, sino que ha desplazado el personal especialista existente en los propios centros para cubrir tutorías, efectuando recortes inadmisibles en las necesidades de aprendizaje, en el refuerzo educativo y en el apoyo especial de los niños que tienen alguna discapacidad.
Las familias han denunciado esta inaceptable vulneración de los derechos pedagógicos y sociales de sus hijos. La propia Inspección educativa, en una comparecencia parlamentaria solicitada por el Grupo Parlamentario Popular, ha reconocido la existencia de estos problemas de atención a la diversidad. Y desde el Grupo Popular hemos presentado iniciativas parlamentarias para manifestar el rechazo a esta falta de respeto e implicación, así como para restituir los recursos educativos recortados e incrementar aquellos servicios que ya eran manifiestamente insuficientes para las necesidades específicas.
El Govern balear debe pasar de las promesas a los hechos y contratar todo el personal necesario para hacer frente a la nueva realidad. No basta con clamar al espíritu de los balcones, también hay que dar soluciones desde los despachos.
El mal llamado ‘gobierno de progreso’ piensa más en el Govern, que en el progreso de las personas.
