Esta semana han llegado a Balears 241 inmigrantes en pateras en dos días. Una cifra récord que ha provocado preocupación en las instituciones sobre el papel que juegan las islas en las rutas de entrada a Europa y que ha obligado a adoptar medidas excepcionales para atender a estas personas antes de ser enviadas, como obliga la Ley, a la península para su repatriación. Las imágenes de los migrantes, varios de ellos menores, nos devuelven a una realidad que la pandemia, por muy grave que sea, no nos debe hacer olvidar: la de aquellas personas que, aun a riesgo de su vida, dejan sus lugares de origen para buscar unas condiciones dignas de vida.

Nunca hasta ahora se había producido una llegada tan masiva en un corto periodo de tiempo a las islas. En lo que llevamos de año, se habían localizado y detenido a casi 600 personas por entrada ilegal. La avalancha de estos días ha reforzado la teoría de que el archipiélago se ha convertido en un punto de tránsito de las redes de inmigración ilegal a Europa. Las frágiles embarcaciones que salen atestadas de personas desde varios puntos del norte de África, donde hay organizaciones que se lucran miserablemente con la desesperación humana, no tienen como destino final Balears. Para ellos es la puerta de entrada al continente europeo, un sueño de una vida digna truncado en la mayoría de las ocasiones por la muerte, las repatriaciones o las duras condiciones a las que deben enfrentarse los que consiguen llegar e instalarse en sus destinos.

Las islas no están preparadas para atender esta emergencia humanitaria. Las pateras arriban a Mallorca y a Eivissa o Formentera, donde no hay centros de acogida temporales para inmigrantes. El Ejército ha habilitado en el puerto de Palma tiendas modulares para que pudieran dormir en unas mínimas condiciones y han sido alojados en hoteles para pasar la cuarentena sanitaria. El cauce legal para tramitar la entrada ilegal al país obliga a que un juez ordene ahora el traspaso de estas personas a la península, bajo custodia, habitualmente a Valencia en el caso de Balears . Allí son derivados a centros, en los que esperan hacinados la repatriación. La crisis sanitaria ha provocado que estos centros no puedan acoger a nuevos internos, por lo que los más de doscientos migrantes procedentes de las islas serán entregados a organizaciones humanitarias para que les acojan a al espera de ser devueltos a su país. O no. Porque en muchos casos estas personas acaban en un limbo legal como residentes en España, sin posiblidad de acceder a un puesto de trabajo o a las ayudas públicas imprescindibles para emprender un proyecto vital.

Ni las dificultades de la pandemia ni la complejidad del problema de la inmigración debe ocultarnos la gravedad del problema y su origen. La Unión Europea no ha sabido dar respuesta a las necesidades de miles de personas que abandonan sus países en busca de una vida digna.