Siempre hemos dado por supuesto que las residencias de ancianos y asistidos están concebidas para el bienestar y la dignidad de quienes viven en ellas y la tranquilidad de sus allegados. Sin embargo, el primer confinamiento del coronavirus invitó a revisar este principio y la segunda oleada de la pandemia obliga a hacerlo en profundidad. La residencia Bell Entorn de Sóller nunca más podrá responder a su denominación. El alto nivel de contagios y fallecimiento no se lo permite de cara al futuro. Los centros de Sant Joan, la Bonanova y Capdepera también quedan en mala posición.
De la confianza en la residencia al temor a la residencia. Está es la degradación que experimenta una sociedad en crisis sanitaria y económica. Es evidente que las cosas se han hecho mal y que el reconocimiento del fracaso, por parte del Ejecutivo autonómico y el Consell, es insuficiente para paliar la situación y generar confianza. El Govern interviene residencias a la desesperada, cuando se ve desbordado por el drama. Ayer en el Parlament quedó patente que en realidad lo que necesita es que le intervengan su propia gestión de los centros sociosanitarios. Mucho más cuando la consellera Gómez se queda satisfecha indicando que “la experiencia acumulada” permite asegurar que se dispone de un “control relativo” en un “escenario que no es como el de marzo”. Por si acaso, adelantarán la vacunación de la gripe y el Parlament, aparte de los artificios de siempre, ratifica que las ratios de asistencia en las residencias puedan pasar de 28 a 33 por cada cien alojados.
Los socios de coalición presionan al Govern para que se ponga las pilas. Lo grave es que haya necesidad de hacerlo. Residencias públicas y privadas no pueden marginar la seguridad.
