La huelga de los trabajadores de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) lleva una semana multiplicando los graves problemas de movilidad que ya de por sí acumula la ciudad de Palma. Tensas jornadas de negociación, más desplantes de los admisibles en un momento de acaloramiento puntual, el intercambio de reproches y la desconfianza entre las partes en negociación, apenas han servido para avanzar unos acuerdos que los huelguistas consideran insuficientes para deponer su actitud de paro. Se ha llegado al fin de semana con las negociaciones encalladas y algunos puntos vinculados a resolución judicial.

Empresa y sindicatos mantienen versiones contrapuestas sobre la recuperación de líneas de autobús perdidas durante el confinamiento o con la reestructuración reciente. Lo mismo ocurre con los criterios para el cómputo de vacaciones y el desacuerdo parece absoluto en lo que respecta a los horarios en los turnos de taller y la contratación de los 140 trabajadores inscritos en el bolsín de espera. Ha transcurrido una semana con la negociación bloqueada, una justificada indignación creciente por parte de los usuarios y pocas perspectivas de un laudo arbitral al que parece prestarse la parte sindical y sobre el que no hay pronunciamiento de la empresa. En medio de todo ello, chirría la poca implicación de los responsables municipales.

Una huelga del transporte público siempre supone un gran trastorno, pero llevarla a término en un momento tan complicado y delicado como el actual, puede convertirse, como pasa en este caso de la EMT, en algo lindante con la irresponsabilidad porque, en la práctica, se convierte en una contribución a la expansión de la pandemia del coronavirus. Menos autobuses pero más saturados, injustificables actos vandálicos que ahuyentan y causan temor en los pasajeros y aglomeraciones en los puntos de espera, son un pasaje libre para la covid-19 en una Palma que ya tiene a cerca de 43.000 de sus habitantes confinados por la progresión, todavía no controlada, de la segunda oleada de la pandemia.

Si los huelguistas se han atrevido a usar esta dramática coyuntura, aún coincidiendo con el dificultoso inicio del curso escolar, con la intención de logar con ello un mayor grado de presión sobre sus exigencias, significa que han caído en la errática táctica de situar por encima de las urgencias sanitarias y sociales, sus reivindicaciones laborales. El derecho a la huelga de los trabajadores de la EMT no entra ni puede entrar en discusión, pero sí resulta cuestionable la oportunidad del momento elegido para llevarlo a la práctica.

El paro laboral que padecen los ciudadanos de Palma se presume como evitable si las partes en litigio hubieran tenido mejor predisposición y voluntad real de negociación. Las pataletas y ausencias vistas esta semana no son de recibo.

También resulta incomprensible la distancia y el parco discurso adoptado por el alcalde, José Hila, en relación a esta huelga de la EMT. La primera autoridad municipal no puede acomodarse sobre generalidades y vagos principios en un conflicto que afecta de lleno a la institución que preside y que padecen sus administrados. Al alcalde le corresponde desplegar un mayor nivel de exigencia para la resolución del conflicto y poner en práctica su función arbitral. Palma necesita recuperar su transporte público de forma inmediata.