Al final resulta que el supuesto azote de la endogamia, el prestigioso académico que Podemos trajo del extranjero para sentarle en el nuevo ministerio desgajado de Universidades con el fin de que terminase con el nepotismo, ha salido igual que sus predecesores. Pero la culpa es nuestra. Tanto decir que el señor ministro no hacía nada salvo lucir camisetas de una talla y tres generaciones menos y al final se ha puesto la corbata para reformar la ley que acredita a los profesores titulares y catedráticos con del fin de que las universidades puedan contratarles.
Hasta ahora las acreditaciones las concedía una agencia estatal independiente, la Aneca (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación), con unos criterios iguales para toda España. La ley que prepara Castells transferirá esas competencias a las anequitas, como se les conoce, que operan en distintas autonomías y –tiempo al tiempo– van a servir para que sean los poderes políticos los que otorguen cátedras como premio por los servicios prestados fuera de las aulas.
La coartada del ministro Castells para convertir las garantías actuales en la nada es la de aligerar y flexibilizar la Aneca, a la que acusa de ser demasiado burocrática. Yo he pertenecido a los comités de acreditación de la Aneca, y también he hecho una oposición de las de antes, así que me veo calificado para evaluar el grado de burocracia que exige cada sistema. Los comités de la Aneca resuelven en muy pocos días las solicitudes enviadas por los candidatos a la acreditación y estos mismos aspirantes son los que eligen y envían los méritos con los que cuentan, en esencia proyectos de investigación recibidos y, sobre todo, artículos publicados en revistas de prestigio. Una fórmula muy parecida a la que siguen las universidades de élite de Estados Unidos, y con unos tiempos comparables, por cierto. Así que flexibilidad y agilización son virtudes que la Aneca tiene de sobras. Habrá que buscar otro pretexto.
Lo que molesta en realidad de la agencia nacional es eso, que sea nacional. Dejar que las comunidades autónomas se conviertan en quienes acreditan a los nuevos profesores permite satisfacer los deseos localistas que, como de sobras sabemos, son el coladero para que la endogamia se mantenga y el nepotismo triunfe. Huele la cosa a que la muy difícil discusión de la ley de los presupuestos generales que se va a dar en el Congreso busca bajo todas las piedras existentes contrapartidas a conceder. Y la de regalar la competencia para nombrar catedráticos a dedo puede llegar a servir de moneda de cambio a la hora de lograr votos favorables. ¿Qué a cambio seguimos con las universidades como siempre, o incluso peor? Bueno, eso no les preocupa a los políticos. Ni a quienes aseguran no serlo, como el señor ministro Castells.
