La crisis de 2008-2014 fue doble en España, es decir, se manifestó en forma de los conocidos dientes de sierra: primero hubo una grave crisis financiera que nos generó la primera recesión, después hubo los inefables “brotes verdes” de Elena Salgado –la sucesora de un Solbes impotente hasta de asumir su propia responsabilidad–, y luego recaímos en una segunda recesión debida a la crisis bancaria, que nos obligó a rescatar las cajas de ahorros, víctimas de la putrefacción política de aquellas instituciones públicas gobernadas con criterios clientelares.
La crisis suscitada por la pandemia fue considerada desde el primer momento como una crisis en V: su efecto económico predominante era el cese súbito de la actividad, tanto porque procedía confinar a la gente para que no se extendiese la pandemia en una contaminación comunitaria cuanto porque determinados negocios –los turísticos, en todas sus formas y derivadas– eran directamente incompatibles con la lucha contra la Covid-19. Aquella simplicidad conceptual facilitó una respuesta asimismo lineal, que contrastaba con los errores cometidos en la primera década del milenio: el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y el Eurogrupo concluyeron rápidamente en que había que poner todos los medios y recursos necesarios para reactivar cuanto antes la economía detenida por la pandemia, el miedo y el confinamiento, de tal forma que el sistema quedase en una especie de hibernación, que cesaría en cuanto pasase la amenaza.
Fue entonces cuando el BCE amplió de forma prácticamente ilimitada sus planes expansivos, cuando Bruselas relajó la ley de estabilidad y crecimiento para a eliminar los límites al déficit de las economías nacionales… Y cuando la Comisión Europea decidió, por primera vez en su historia, movilizar un fondo de recuperación de 750.000 millones, avalados por el presupuesto comunitario, la mitad de los cuales a fondo perdido, para financiar la reconstrucción. Para entonces ya se había entendido perfectamente que aquella ingente aplicación de recursos y esfuerzos no debía servir exclusivamente para revertir la caída del PIB –que en el segundo trimestre del año ha sido del 4,5% en Finlandia al 18,5% de España–, sino también, y sobre todo, para garantizar, como escribía recientemente Guntram B. Wolf, director del think tank Bruegel, que el dinero que llegará a espuertas “fomente un crecimiento inclusivo y sostenible e impida la corrupción”. Quiere decirse, que, a través de la digitalización, la descarbonización y la formación, el tránsito desde la anterior normalidad a la pospandemia represente una modernización de nuestras economías, tanto en el sentido del incremento de productividad cuanto de la generación de empleo gracias a actividades de mayor valor añadido. Debería, en fin, conjugarse la recuperación con la renovación.
Esto no está claro en absoluto. Como dice Wolf, lo lógico sería que las necesidades perentorias –en sanidad, en políticas sociales, en estímulos– fueran a cargo de los presupuestos nacionales, en tanto "los fondos de la UE deberían formar parte de una estrategia a medio plazo centrada en el gasto cualitativo. Esto proporcionará algo de protección frente al daño permanente al potencial de crecimiento europeo que la covid seguramente dejará. Por consiguiente, los fondos deberían destinarse a unos objetivos de crecimiento a medio plazo y no a una política fiscal contracíclica".
El riesgo de que se destinen recursos concebidos para la modernización a “tapar agujeros” crece con la evidencia de los rebrotes. Infortunadamente, ha fracasado el primer tramo de la lucha contra la pandemia, que consiguió anularla tras un duro confinamiento en los principales países europeos pero que ha regresado con fuerza, y aunque no tenga los efectos letales de antaño, sigue paralizando de facto la actividad. Frente a este recrudecimiento, que no cesará probablemente hasta que se consiga una vacuna eficaz –y nadie sabe cuando será eso–, el Eurogrupo se negaba el pasado viernes a poner límites temporales a los estímulos.
Es correcto que se actúe de este modo, siempre que se garantice que la aplicación de los gigantescos recursos que van a destinarse a superar la crisis llegan a donde deben y sean capaces de entregarnos otra Europa, más moderna y mejor preparada para futuras eventualidades.
