La progresión de medidas restrictivas que se van imponiendo de nuevo a la ciudadanía es la evidencia más clara de que la pandemia de coronavirus sigue desbocada en amplias capas de la sociedad balear. Palma es ya la primera gran ciudad española confinada de forma parcial en esta segunda oleada de contagios. Los residentes en las barriadas de Son Gotleu, Can Capes, la Soledat Nord y Son Canals tienen muy restringidos sus movimientos desde la noche del viernes. Son unas 25.000 personas en total. A ello hay que sumar todavía la prórroga de las prohibiciones decretadas por el Govern el 28 de agosto pasado y un último paquete de medidas que pone candado a los parques infantiles, veta las fiestas y las ferias, tan populares en otoño en Mallorca y, mantiene la limitación a los ancianos de recibir visitas en las residencias.

Son disposiciones que condicionan de forma muy considerable la vida social, familiar y laboral de la gente. El curso escolar ha conseguido comenzar con una relativa normalidad, pero nada será igual tampoco a partir de ahora en las aulas, los patios de recreo y hasta los vestíbulos de los colegios y dependencias cedidas que han tenido que habilitarse como aulas.

Balears registra en este mes de septiembre unas tasas de contagio muy superiores a las del peor momento del confinamiento general de la primera mitad del año. Se ha dicho ya, por activa y por pasiva, que la temporada turística está perdida, pero no solo eso. DIARIO de MALLORCA ha publicado esta misma semana que unas 30.000 empresas de Balears están en vías de desaparición por efecto de la pandemia y que, pese a la bajada de precios, el acceso a la vivienda no queda más liberado porque la crisis actual también retrae a las nuevas construcciones.

Asimilar la compleja situación actual pasa por reconocer y admitir que estamos ante un gran fracaso, tanto por lo que afecta a la administración pública como al comportamiento de la ciudadanía. La segunda oleada de coronavirus ha llegado y se ha instalado en Mallorca mucho antes de lo esperado por todos. Seguramente no quedaba más remedio que aplicar las nuevas restricciones, pero si técnicos y gestores públicos hubieran tenido mejor capacidad de analítica sanitaria y sociológica y si los ciudadanos se hubieran prestado a actuar con mayor rigor en la prevención, la panorámica y la realidad actual tendría menor grado de dramatismo.

Tampoco resulta alentador el modo de obrar, confuso y dilatado, de la administración autonómica. El Govern ha delegado esta semana en la consellera de Salud, Patricia Gómez, unas medidas en las que la presidenta Francina Armengol debería estar más implicada de cara a la opinión pública, como lo estuvo durante el estado de alarma.

En este momento debe preocupar especialmente que las medidas adoptadas limitan la libertad y derechos de los colectivos más desprotegidos, es decir, la población más vulnerable de las barriadas marginales de Palma, los ancianos en riesgo, por edad y con sus residencias semicerradas, y los niños que ni siquiera pueden ir a un parque infantil. Es responsabilidad de todos hacer lo posible para proteger a estos segmentos de la población. Debe hacerse, además, teniendo en cuenta la complejidad de la puesta en práctica de las medidas adoptadas. Sin ir más lejos, no es fácil confinar Son Gotleu. El patente fracaso actual tiene una salida incierta y muy compleja.