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Escrito sin red

España, una democracia exangüe

Que la democracia en España era un sistema político con muchas imperfecciones era algo sabido y asumido por muchos ciudadanos desde hace tiempo. Se arrastraban tensiones centrífugas que el Estado de las autonomías contemplado en la Constitución no había resuelto; y empezaron a aflorar a partir de los años noventa del siglo pasado otros fenómenos derivados de la propia carta magna, en especial la colonización de la administración del Estado por los partidos políticos y la corrupción inherente a la misma. Paralelamente, la globalización impulsada por las propias necesidades del capital derivó en la desindustrialización del país acentuando su dependencia del turismo. La crisis de 2008 cebada por la burbuja inmobiliaria provocó que la tasa de desempleo rebasara el 20%, en unos niveles sólo comparables a los de Grecia, al compás de la política de austeridad dictada por Alemania, mientras el gobierno de Rajoy acometía, en contra de sus promesas electorales, profundos recortes en sanidad y educación para evitar un doloroso rescate de la UE. Desde entonces no han dejado de acumularse infaustos acontecimientos, como el rescate con dinero público de las cajas de ahorro arruinadas por la corrupción de sus dirigentes designados por los partidos políticos: PP, PSOE, IU. El ejemplo más bochornoso fue la explosión de Bankia y el escándalo de las tarjetas black de los políticos que finalizó con la entrada en la cárcel de Rodrigo Rato, el ministro de economía de Aznar. Pero a continuación estalló el escándalo de los papeles de Bárcenas, la contabilidad B y los sobresueldos del PP, como derivada de la trama Gürtel de corrupción. No era, según Rajoy, una trama del PP sino contra el PP. Y se sumó a los anteriores el despilfarro y la corrupción en los ERE en la Junta de Andalucía gobernada desde los ochenta por el PSOE, con implicaciones de los dirigentes de UGT. Los acontecimientos del otoño de 2017 en Cataluña provocaron la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la posterior condena de sus principales protagonistas. Por si todo esto fuera poco, el caso Urdangarin y el procesamiento de la infanta Cristina puso por primera vez entre interrogantes el futuro de la monarquía en paralelo con los primeros estropicios a la misma provocados por Juan Carlos I por la cacería de elefantes de Botswana en plena crisis económica, junto con la aparición de Corinna Larsen como amiga entrañable del rey. Juan Carlos I continuaba siendo inviolable ante la justicia, pero perdía su inviolabilidad ante la prensa, tantos años asegurada, y abdicaba contra su voluntad en 2014. Hoy, tras conocerse por la investigación de un fiscal suizo la existencia de cuentas no declaradas a la AEAT del rey emérito en las que se habrían ingresado 100 millones de dólares procedentes del rey de Arabia saudita y transferencias a cuentas en paraísos fiscales a nombre de Corinna Larsen y la recalada en Abu Dabi, se ha redoblado el cuestionamiento de la monarquía.

Este año 2020 pasará a nuestra historia por ser el año en el que han confluido los problemas irresueltos que arrastramos con la devastación que la pandemia del coronavirus ha provocado en nuestras vidas. Son las más de 45.000 vidas perdidas hasta ahora, la caída en torno al 15% del PIB de este año, el hundimiento del turismo y la ruina y desaparición de miles de empresas. Se justifica todo por la pandemia. Pero España es el país europeo con más contagios, uno de los que más muertos por cada 100.000 habitantes ha tenido hasta el momento. Otros países del sur de Europa como Francia, Italia o Grecia tienen una situación epidemiológica mejor que la nuestra, lo que apunta a una desastrosa gestión de la pandemia por el gobierno de Sánchez, acompañada por el falseamiento de la realidad como desaconsejar el uso de las mascarillas en la primera fase de la pandemia o la justificación del confinamiento y la desescalada en los criterios de una supuesta e inexistente comisión de expertos, acompañada eso sí de una continuada propaganda cuyos eslóganes “lo pasamos unidos”, “salimos más fuertes”, “España puede” han sido contradichos por una realidad de división, debilidad e impotencia. Hemos tenido el confinamiento más duro de Europa y ahora sufrimos una nueva ola de la pandemia que nos sitúa, con más de 500.000 infectados a la cabeza de Europa. Mientras Italia, que irradió la pandemia en Europa, goza de una situación mucho más favorable. Sánchez sigue mintiendo, presionando a la opinión publica contra el PP, ligando los presupuestos con las ayudas de la UE, cuando la propia Comisión las ha desvinculado.

Cuando vivimos el momento más comprometido de nuestra existencia democrática, saltan chispas por la no renovación de los órganos constitucionales; el PP se ampara en la presencia de Unidas Podemos en el gobierno para incumplir su obligación constitucional de pactarlos. En realidad, se está protegiendo de forma fraudulenta de la travesía judicial que le aguarda por los supuestos delitos tramados por la anterior cúpula del partido y del gobierno (Fernández Díaz, Cospedal, Rajoy) utilizando la llamada “policía patriótica” para hacerse con la documentación que atesoraba Bárcenas sobre la contabilidad B del PP y los sobresueldos en negro para defenderse de su implicación en la trama Gürtel, en la llamada operación Kitchen. Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad, inculpado por el juez García Castellón: “Mi mayor error fue ser leal a miserables como Jorge (Fernández Díaz), Rajoy o Cospedal”. Falso, su mayor error sería dirigir supuestamente a un grupo de funcionarios (entre los que figuraban Villarejo y García Castaño) en la comisión de graves delitos que empequeñecen el Watergate de Nixon. ¿Se verá a Rajoy en el banquillo de los acusados? ¿Merece el PP seguir existiendo? Casado proyecta penurias y carencias tan obvias que auguran un futuro incierto para la derecha.

Crisis sobre la forma de Estado, crisis identitaria separatista, colonización del Estado por los partidos, inexistencia de la separación de poderes (los políticos nombran a los jueces que van a juzgarlos), disfuncionalidades autonómicas, en suma, sufrimos una crisis constitucional en la que nadie apunta a una salida. Acompañada por una crisis educativa, crisis de fronteras, una crisis sanitaria, una pavorosa crisis económica, una crisis existencial para un gran número de ciudadanos. ¿Cómo vamos a salir de este agujero negro que lo traga todo?

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