Nadie duda que las ayudas públicas de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) se prorrogarán más allá del 30 de septiembre. Las dudas son hasta cuándo, en qué condiciones y para qué sectores. Este instrumento, creado en 2012 y adaptado a las circunstancias de la pandemia, se ha revelado como de gran utilidad para atender emergencia económica y social de este año. Hasta tal punto, que ha puesto de acuerdo a empresarios, sindicatos y a una ministra de Podemos, la titular de Trabajo, Yolanda Díaz. Una buena sintonía en torno a la mesa del diálogo social que se echa de menos en los despachos políticos.

Actualmente, unos 800.000 trabajadores permanecen en ERTE en España, 58.800 de ellos en Balears. En los meses centrales del estado de alarma, hubo hasta 153.000 empleados en las islas en esta situación, por lo que la mayoría se han ido reincorporando a sus puestos de trabajo. El problema es que la segunda oleada de contagios, que ha afectado de forma especialmente grave al archipiélago por su impacto en el sector turístico, ha provocado el cierre anticipado de muchas empresas. A día de hoy, el Govern tramita 67 nuevos expedientes que afectan a 475 trabajadores.

Los ERTE son medidas de flexibilización laboral que permiten a las empresas reducir o suspender los contratos de trabajo por circunstancias extraordinarias. Surgieron en España tras la crisis económica de 2008, en la que muchas empresas se vieron obligadas a recurrir a los ERE (Expedientes de Regulación de Empleo), como paso previo al cierre de las mismas. Los ERTE, en cambio, están circunscritos a un periodo determinado y las empresas están obligadas, tras su finalización, a recuperar las condiciones contractuales anteriores, así como a mantener los puestos de trabajo de los trabajadores afectados.

Bien sea por causas de fuerza mayor (la paralización obligatoria de la actividad) o por causas económicas y de producción, este procedimiento ha permitido a empresarios y trabajadores paliar el desastre económico motivado por la Covid-19. En principio, y tras la finalización del estado de alarma, los ERTE justificados por la pandemia se prorrogaron más allá de junio, hasta el 30 de septiembre. El repunte de los casos y sus consecuencias económicas han puesto ahora sobre la mesa la necesidad de extender las prestaciones. Empresarios y sindicados plantean también que la cuantía de las ayudas continúe siendo del 70% de la base reguladora, y no del 50%, como prevé el real decreto.

El problema principal es el dinero, España ha gastado ya 22.000 millones públicos en ayudas sociales desde marzo. Es lógico que exista preocupación en el Gobierno por el ingente gasto, pero la excepcionalidad de la situación obliga a las arcas públicas a intervenir, con la esperanza de que la situación sanitaria y económica reviertan lo antes posible, y sobre todo para evitar el colapso social que podría sobrevenir si cientos de miles de familias se quedan durante meses sin ningún tipo de ingreso económico.

Balears es la comunidad autónoma que más ha sufrido el descalabro económico de la pandemia, por su dependencia económica del turismo. Está justificada la apelación de la presidenta Francina Armengol a la solidaridad del resto de España para dar continuidad a los ERTE, lo que revertiría en las miles de empresas y trabajadores de las islas que han visto prácticamente paralizada su actividad durante este verano y a los que aguarda un largo y difícil invierno. Las prestaciones no mejorarán la gravísima situación económica, pero servirán al menos para que el tránsito hacia la deseada recuperación sea más justo y no deje a nadie en la cuneta de la exclusión social.