La operatividad de la Constitución descansa, entre otras cosas, en unos órganos que son elegidos por mayorías muy cualificadas, para favorecer su independencia. Los dos más importantes son el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial. Los cargos tienen un periodo de vigencia, tras el cual deben ser renovados. El bloqueo indefinido y deliberado de la renovación es, pura y simplemente, una práctica inconstitucional, pues vicia de raíz el funcionamiento de esos órganos, aunque sus decisiones sigan siendo formalmente legales. Si se hace para mantener un statu quo anterior, es, además, un fraude democrático. La responsabilidad de que la renovación tenga lugar o no descansa en los dos grandes partidos, cuyo acuerdo es necesario para hacerla posible. La credibilidad de estos como defensores de la Constitución se viene abajo cuando boicotean su efectivo funcionamiento.
