¿Los burdeles a debate? Explotación sexual y salud pública

Antropóloga francesa

Veo que un matinal de TVE pregunta sobre la conveniencia o no de cerrar prostíbulos. ¿Cómo se puede, desde una televisión pública, entrevistar a una persona que responde a la pregunta aludiendo al "trabajo sexual"? No, no son trabajadoras sexuales, son mujeres en condiciones económicas precarias explotadas sexualmente. Ha tenido que llegar la pandemia para plantear su cierre porque son focos de contagio "difíciles de controlar". "Los prostíbulos tienen que cerrar porque son campos de concentración en los que tienes que ser, vestir, sentir lo que otros quieren porque de eso depende tu supervivencia", afirma Amelia Tiganus, exprostituta. Tienen que cerrarse por lo que albergan en su interior, no sólo porque sean un foco de contagio, que también.

La prostitución no es un problema moral, es una vulneración de los derechos fundamentales, y además un problema de salud pública. A quienes defienden que es el oficio más antiguo del mundo -habría que hablar de la explotación más antigua del mundo- y que es imposible erradicarla, están afirmando que el abuso o la explotación es inherente en el hombre; un derecho natural inalienable que les ha otorgado la biología en detrimento de sus compañeras a las que consideran una especie subhumana (Alicia Díaz). A quienes dicen que es un trabajo, no conozco a ninguna chica que quiera ser de mayor prostituta ni ninguna familia que proyecte tal futuro profesional para sus hijas. La actividad en un prostíbulo no cumple condiciones de dignidad humana ni laboral porque se trata de ofrecer sexo a cambio de dinero o vivir recluida en un hotel de carretera haciendo veinte o treinta servicios al día, siendo para muchas su única fuente de ingresos o la forma de tener alojamiento.

La prostitución afecta fundamentalmente a las mujeres porque más del 99% de la demanda de prostitución está conformada por hombres. La prostitución deshumaniza a las mujeres, las cosifica; las considera "objetos" comprables o alquilables y es una forma de esclavitud e incluso de "violencia sexual" socialmente admitida y ¡hasta justificada! Quien quiera legalizar o regular la prostitución, quiere mantener "un sistema que nos trata a todas y cada una de nosotras como ciudadanas de segunda categoría" (Nuria Coronado). Criticar y penalizar, al menos socialmente, esa conducta supone proteger a mujeres y niñas del planeta explotadas sexualmente. Tenemos como ciudadanía una responsabilidad humana y ética.

Queremos cerrar los burdeles porque practicar sexo a cambio de dinero no es una relación igualitaria entre un hombre y una mujer, afirma Ana Bernal-Treviño. Porque no es sólo el consumo de la prostitución stricto sensu sino la "cultura del prostíbulo" que prolifera en nuestras carreteras y pueblos. No es baladí que España sea el tercer país con mayor demanda, o que en los prostíbulos se celebren fiestas privadas, reuniones de trabajo o se cierren importantes negocios. Esto implica que, en el imaginario colectivo, al margen del consumo propio en el burdel, las mujeres sean percibidas y representadas como un cuerpo-objeto disponible para satisfacer los deseos de los hombres. Por ello, desde el feminismo estamos a favor de la abolición de la prostitución porque permitiría hacer políticas públicas para que las mujeres puedan salir de ella. La abolición permitiría erradicar una práctica criminal de mafias, permitiría hacer comprender a los hombres que las mujeres no son un objeto de consumo sexual, especialmente cuando proceden de contextos vulnerables. Porque son muchas las tesis que defienden que sin consumidores no habría prostitución. La abolición es la única medida a largo plazo para poner en marcha políticas que impidan las denominadas "industrias del sexo". El cierre de los prostíbulos no es la solución del problema, es sólo el principio de un compromiso político e ideológico con la igualdad. Me preocupa, como no puede ser de otro modo, que las chicas se trasladen a otros lugares para ejercer la prostitución o que empeore su situación económica, por ello necesitamos que los partidos políticos se pongan de acuerdo en una ley abolicionista. Defiendo un modelo abolicionista que sea un proceso de transformación social que cuestione los privilegios masculinos de comprar el cuerpo de las mujeres con dinero, dejándolas -dejándonos- a todas en una posición inferior, muy alejadas del camino hacia una igualdad que tanto esfuerzo nos está costando alcanzar.

Estos días hemos conocido la noticia que dos prostíbulos de la comarca de la Vega Baja han dado positivo en casos de Covid-19. Leo que cuatro mujeres han dado positivo. Difícil tarea para los rastreadores de una actividad tan interiorizada como justificada, en la que la confidencialidad y el pacto de silencio son ley. Si tradicionalmente las mujeres prostituidas han sido estigmatizadas como "grupos de riesgo", desde el punto de vista sanitario deberíamos orientar la mirada hacia el consumidor de prostitución, él también representa un riesgo para la salud pública. Cabría hablar, como señala Beatriz Ranea en un artículo en Gaceta Sanitaria, de "prácticas sexuales de riesgo " y reflexionar sobre quienes las solicitan. Son muchos los hombres que solicitan prácticas sexuales sin mascarilla, sin preservativo exponiendo al riesgo de infección a las mujeres en prostitución y al resto de mujeres con las que pudieran mantener relaciones sexuales. No olvidemos que las mujeres que ejercen la prostitución están no sólo expuestas al contagio de enfermedades de transmisión sexual sino a otras, especialmente de tipo psicológico como estrés, depresión o ansiedad... Desde un posicionamiento feminista, de igualdad de derechos y de protección de las personas vulnerables, no podemos asumir los prostíbulos como algo normal o inevitable.