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Antonio Papell

La vuelta al cole

La vuelta al cole en septiembre es un imperativo irrenunciable que en todo el mundo adquiere ahora nuevas incertidumbres dada la inesperada reviviscencia de la pandemia en agosto. El secretario general de la ONU, António Guterres, ha fijado enfáticamente esta preferencia, que es absoluta y que no puede sustituirse por una intensificación de la teleeducación a través a de Inernet o del sistema audiovisual. Entre otras razones porque la educación presencial cumple dos objetivos indirectos que son esenciales: por una parte, ayuda a la socialización de los niños, que no es completa cuando sólo se produce en el terreno virtual; por otra parte, la presencialidad es integradora ya que los alumnos salen de sus respectivos ámbitos familiares, más o menos dotados de tecnología, y ensayan fórmulas de convivencia que no podrían experimentar de otro modo. Por ello, de la misma manera que el fin del confinamiento tuvo que mantener el equilibrio entre seguridad sanitaria y economía, ahora es preciso reformular el binomio y plantearlo, para los niños en edad escolar, como un equilibrio necesario entre seguridad sanitaria y educación.

Esta urgencia imperativa de abrir las escuelas, vinculada a la necesidad de que las generaciones emergentes no sufran más distorsiones en su ya alterado proceso educativo, tiene además otro factor social y económico: es indispensable para la normalización de los procesos productivos, ya que la conciliación entre la vida laboral y familiar pivota sobre la escuela, que asume la tutela de los menores cuando sus progenitores trabajan. En otras palabras, el cierre de las escuelas equivaldría a un nuevo confinamiento parcial. Con la particularidad de que las más damnificadas serían las mujeres, que, a pesar de los esfuerzos de concienciación y legislativos, siguen acarreando la mayor parte de las tareas familiares. Como ha recordado Silvia Nanclares en un artículo, el 90% de las reducciones de jornada y el 80% de las excedencias por cuidado de hijos que se contabilizaron en 2019 las pidieron mujeres. No había entonces pandemia, pero nada indica que el virus sea capaz de establecer equilibrios que no se consiguieron sin él.

La apertura plena de los colegios requiere dotar de seguridad a los centros escolares, suficiente para que los padres estén dispuestos a confiar en ellos. Tal seguridad requerirá disminuir el número de alumnos por clase, y consiguientemente incrementar el de profesores. Además, será preciso extremar las precauciones higiénicas, y todo ello requerirá más personal. Habrá, en definitiva, que invertir, en lugar de cavilar pasivamente como hacen actualmente las autoridades educativas y sanitarias autonómicas. Las autonomías no han establecido la necesaria coordinación entre sí y con el Estado, los sindicatos de profesores que amenazan huelga no han lanzado consignas claras, y Fernando Simón no ha descubierto el Mediterráneo cuando ha venido a decir que se hará lo que se tenga que hacer: si hay que cerrar todas las escuelas, se cerrarán. Parece evidente que los gobiernos regionales tienen cierta capacidad a la hora de diseñar entornos seguros, que requerirán ideas, personal y, en definitiva, recursos, que no cabrá anotar al capítulo del despilfarro sino todo lo contrario: recuperar y mejorar el sistema educativo es la mejor inversión que se puede hacer.

Mientras vamos recibiendo noticias de lo que se está haciendo en los países extranjeros, que se enfrentan con parecidos problemas a los que van aportando soluciones, aquí no se atisba en el terreno autonómico que comiencen a desplegarse iniciativas, con lo que se confirma la sensación de que el nivel regional de la administración pública está constituyendo, a la hora de la verdad y de los grandes retos, un gran fracaso.

La gestión de la educación puede residir en este escalón administrativo intermedio, el de las comunidades,que es el que probablemente le corresponde en virtud del principio de subsidiaridad. Sin embargo, la organización del aparato educativo, la reacción frente a las emergencias, la respuesta a los problemas sistémicos del alcance nacional deben mantenerse centralizados y han de residir en el departamento ministerial correspondiente, como sucede en los regímenes federales. El caos que aquí hemos organizado con la pandemia y sus derivadas demuestra que a la hora de federalizar el país, como pretendieron seguramente los constituyentes, nos quedamos a medio camino.

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