Al seguir gracias a la televisión los acontecimientos en Bielorrusia y ver al que llaman "el último dictador de Europa" desautorizado en público por los propios obreros a cuyo apoyo apelaba, no he pedido sino pensar en un poema sarcástico, titulado La solución, que escribió Bertolt Brecht tras la revolución popular del 17 de junio de 1952 en la Alemania comunista en protesta contra el Gran Hermano soviético.
Recordaré para quienes no lo conozcan ese poema del dramaturgo alemán: "Tras la sublevación del 17 de junio/ la secretaría de la Unión de Escritores/ hizo repartir folletos en la avenida de Stalin/indicando que el pueblo/había perdido la confianza del Gobierno/ y podía ganarla de nuevo solamente/con esfuerzos redoblados/. ¿No sería más sencillo/en ese caso para el Gobierno/disolver y el pueblo y elegir otro?"
Resultaba en efecto patético ver el otro día al autócrata bielorruso Alexander Lukashenko reclamar, subido a una tribuna, la solidaridad de los obreros de la fábrica de tractores de Minsk, una de las más importantes del país, y no escuchar a cambio más que gritos de los manifestantes en los que se le conminaba a dejar ya el poder.
Como ridículas sonaron sus afirmaciones en el sentido de que esa revuelta popular, en la que participaron decenas de miles de personas, estaba dirigida desde fuera o las que apuntaban a una supuesta presencia de tropas de la OTAN cerca de la frontera bielorrusa con Polonia, país al que por cierto el presidente de EE UU, Donald Trump, pretende desplazar parte de las tropas norteamericanas que están ahora en Alemania.
Las huelgas estalladas en las principales empresas industriales bielorrusas, unidas a las protestas de periodistas de la radio y la televisión públicas, que, horrorizados por la brutalidad de las fuerzas del orden en la represión, se han negado a seguir manipulando las informaciones sobre lo que sucede en el país, parecen colocar de pronto a Lukashenko contra las cuerdas.
Ante esa crisis mayúscula a sus mismas puertas, no podía la Unión Europea dejar de expresar su apoyo al pueblo bielorruso, visiblemente harto de un dictador que, tras más de un cuarto de siglo en el poder, no parece con ganas de dejarlo, sin, en un difícil equilibrio, provocar a Rusia, país con el que Bielorrusia tiene, como se sabe, una relación muy especial y que podría ser clave para resolver el conflicto.
Los sucesos en el país vecino representan en efecto un difícil reto para el presidente ruso, Vladimir Putin, que no puede arriesgarse a una repetición en el territorio de su más fiel aliado de lo ocurrido en Ucrania, pero a quien tampoco interesa el apoyo incondicional a un político como Lukashenko que parece haber perdido el apoyo mayoritario de los ciudadanos.
Desde que en 1995 se presentó por primera vez a la presidencia bielorrusa, Lukashenko, que cuatro años antes había votado en contra de la disolución de la Unión Soviética, ha recurrido en más de una ocasión a oscuros referendos para consolidar su poder, presentándose siempre al mismo tiempo ante su vecina Rusia como garantía de estabilidad.
Ello no impidió, sin embargo, que marcara ciertas distancias con la Rusia de Vladimir Putin cuando éste decidió anexionarse la península de Crimea e inmiscuirse en el conflicto civil ucraniano, lo que debió de despertar en Lukashenko la preocupación de que pudiera un día suceder lo mismo con Bielorrusia.
En aquel conflicto, Lukashenko consiguió ganarse cierta legitimidad por su papel de mediador: las conversaciones de paz fructificaron en el llamado "acuerdo de Minsk" y sirvieron para que Bruselas suspendiera las sanciones que había adoptado antes contra miembros del Consejo de Seguridad bielorruso por la desaparición de opositores políticos así como contra el propio Lukashenko por la represión de las protestas contra su reelección.
Ahora, el Consejo Europeo, es decir los jefes de Estado y de Gobierno de los países de la UE, se ha negado a reconocer el resultado de las últimas presidenciales por las numerosas irregularidades que ha observado y que ha denunciado la oposición, y amenaza con imponer sanciones a los responsables del fraude electoral, lo que ha provocado a su vez la reacción inmediata del Kremlin, que califica de "inadmisible" cualquier injerencia extranjera.
El presidente ucraniano no ha querido cogerle el teléfono a Angela Merkel, cuyo país ocupa actualmente la presidencia de la UE, por lo que no podrá hacer de mediadora, según reconoció la propia canciller. Ese papel podría corresponder a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). La presidenta finlandesa ha propuesto, junto a sus homólogos de la UE, que se celebren nuevas elecciones bajo la supervisión de la OSCE. Pero sería la sentencia de muerte política del autócrata de Minsk. Y éste se mantiene en sus trece. Así, ¿hasta cuándo?
