Juan Gual (lo de Torrella es, en su caso, espúreo, pero los legítimos poseedores del apellido han callado) parece haber llegado a un callejón sin salida. Es poseedor de una accidentada biografía, que, entre otras historias, guarda la de haber quebrado la empresa familiar Menú, dejando en el aire más de un millón de euros. Gual se había situado, nadie ha explicado cómo, en la presidencia de la Cámara de Comercio, que dejó soliviantada, de la que tuvo que salir a deshoras, porque se entendía mal que el empresario que la presidía protagonizara una quiebra de su negocio. Pero quién lo iba a decir: el oblicuo Gual, que lo es, y mucho, inopinadamente se vio aupado a la presidencia de la Autoridad Portuaria, considerado el gran chollo de la tecnoestructura de la Administración de la Comunidad Autónoma. Un cargo privilegiado, capaz de establecer interesantes contactos y de tener acceso a notables influencias. Los amarres del Puerto de Palma (además de los de todas las islas) mueven una ingente cantidad de dinero. Es mucho más sustantiva la presidencia de la Autoridad Portuaria que la de cualquier departamento del Govern o de los consells insulares. Es, por sintetizarlo, una macroconsejería provista de abundantes y ágiles tentáculos. Ahí recaló Juan Gual. ¿Cómo pudo lograr el cargo? La respuesta sigue envuelta en un velo que no hay que rasgar. Fue la socialista Francina Armengol la que, al obtener la presidencia de la Comunidad cuando se lo posibilitó la aritmética parlamenaria surgida de las elecciones de 2015, se le otorgó. La única respuesta que ha ofrecido para argumentar el peculiar nombramiento fue la de que situar a Juan Gual en el puerto "da prestigio". Las verdaderas razones siguen en penumbra.
La detención por la Guardia Civil de Juan Gual y sus conmilitones de la dirección de la Autoridad Portuaria ha posibilitado observar con detenimiento el significativo estupor que ha envuelto al Govern. Su portavoz, la ibicenca Pilar Costa, a la que los dioses no la han dotado para el cargo que ocupa, balbuceó las consabidas cantinelas de la presunción de inocencia. No quiso o pudo enterarse de que un cosa son las responsabilidades penales, presuntas hasta que los tribunales fallen sentencia firme, y otra las políticas, que se dirimen de inmediato y en otro ámbito, que son las que hacen ineludible la destitución de Juan Gual. El silencio de Armengol es, dejándonos auxiliar por el tópico, atronador. También resulta risible la actuación de Més y Podemos. Antoni Alorda, factótum nacionalista con asiento en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria, podría, de quererlo, arrojar luz sobre las tinieblas. Y cómica la incomodiad manifiesta del PP, que pide con sordina, porque no le queda otra, la destitución de Gual, pero que prefiriría que se le evitase beber ese amargo cáliz. Pobre Biel Company, por una vez que con solvencia puede exigir dimisiones y resulta que ha de ser la de Juan Gual.
La situación de la entera cúpula directiva de la Autoridad Portuaria es de colapso total. Insostenible. No es factible que continúe a la espera de que se diluciden las siempre largas y complejas investigaciones judiciales. Reiterémoslo: los tiempos de las responsabilidades políticas nada tienen que ver con los de las judiciales. A la presidenta Armengol, por muy cuesta arriba que ser le haga, la única alternativa viable de la que dispone es la de proceder a la destitución de Juan Gual. Si se empecina en matenerlo, por las razones que fueren, acabará por incinerarse, por quedar tan achicharrada como públicamente ha quedado Juan Gual, quien, esa vez sí, ha llegado al final de su larga escapada. Lo que tal vez nunca se sepa es cómo diantres pudo brujulear para ser consecutivamente presidente de la Cámara de Comercio y de la Autoridad Portuaria. Reconozcámosle que la peripecia tiene su mérito.
