La Justicia pone en jaque a la Autoritat Portuària

Gual de Torrella y el vicepresidente Miguel Puigserver Llobera fueron detenidos el jueves por la tarde en el aeropuerto, a su regreso de un viaje de trabajo, por orden de la jueza de Instrucción número 3 de Palma, al frente de la investigación con la fiscal anticorrupción Laura Pellón. Desde ese momento, y hasta ayer sábado, los agentes de la benemérita han custodiado y registrado la sede del ente público en Palma, en Eivissa y en Maó. El director de la APB, Juan Carlos Plaza, el jefe de la división de proyectos, Armando Parada González, y el jefe del área de explotación, José Fernando Berenguer, fueron arrestados en la mañana del viernes. Todos ellos fueron puestos en libertad por la Guardia Civil, imputados por prevaricación y malversación, entre otros delitos contra la administración pública.

La investigación tendría su origen en una o varias denuncias ante la fiscalía por el supuesto amaño de la adjudicación de amarres del muelle de Ponent de Maó y se habría extendido a otras actuaciones de la APB. Además de los cinco imputados citados, existen sospechas sobre la actuación de la jefa de la Abogacía del Estado en Balears, Dolores Ripoll, miembro del consejo de administración de la APB como asesora jurídica, y cuyo poder es muy relevante en las islas en todos los ámbitos como máxima representante legal del Estado.

Desgraciadamente, no es la primera vez que la APB está en el foco judicial y mediático por actuaciones y por la sospecha o la evidencia de irregularidades en su gestión. Se trata de organismo estatal en el que existe una suerte de cogestión formal con la comunidad autónoma; de hecho, su presidente es designado a propuesta del Govern y cuenta con un consejo de administración en el que están representados, además del propio Govern, los consells insulares, el ayuntamiento de Palma, la patronal CAEB, las empresas marítimas encuadradas en la APEAM, las Cámaras de Comercio y el sindicato UGT. La Autoritat Portuària tiene bajo su responsabilidad la gestión de los puertos del Estado (Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa y La Savina), así como de sus respectivas zonas de dominio público, lo que supone no sólo el control de las operaciones de tráfico marítimo, vitales para nuestras islas, sino también la adjudicación, mediante concesión pública, de instalaciones y servicios que pueden ser lucrativos negocios, lo cual atrae a poderosas empresas e intereses económicos enfrentados. Maneja un presupuesto multimillonario y sus decisiones tienen una amplio calado económico y social. Dos antiguos presidentes, Joan Verger (PP), ya fallecido, y Francesc Triay (PSOE), que resultó absuelto, fueron investigados por su gestión, en una inexplicablemente prolongada instrucción que acabó, pese a la rotundidad de los indicios, en penas mínimas para el que fuera director de Puertos en Balears, Ángel Matías, y empresarios vinculados a unas adjudicaciones cuestionadas.

A falta de concretar el alcance de los indicios delictivos existentes en la causa, que se está desarrollando bajo el más absoluto secreto, la situación procesal del presidente y los demás altos responsables de la Autoritat Portuària complica mucho la continuidad en sus cargos mientras estén sometidos a una investigación que pone en tela de juicio la limpieza de su gestión y que les obligará a defenderse ante los tribunales con todos los medios a su alcance.

Sorprende la tímida reacción del Govern ante los hechos, amparándos en el secreto de las actuaciones. Únicamente Podemos ha exigido el cese de Joan Gual, mientras PSOE y Més guardan un desconcertante silencio respecto a un organismo público descabezado por sospechas de corrupción. Hay que dejar trabajar a la justicia para que llegue al fondo de este caso y persiga cualquier actuación delictiva que haya podido existir, pero al propio tiempo hay que evitar también el descrédito público para la APB que suponen unas acusaciones tan graves contra sus principales responsables.