Todas las previsiones indican que los efectos económicos y sociales de la crisis emanada de la pandemia por la Covid-19 van a ser de una magnitud enorme. Por ello, y porque la pandemia ha demostrado que todos los países son vulnerables a este tipo de emergencias, es imprescindible que las medidas que se desplieguen para la reconstrucción pongan el foco en establecer las bases sólidas de una sociedad resiliente, que esté preparada para sobreponerse a nuevas crisis en el futuro.
En este contexto global complejo, cambiante y lleno de desafíos, pero también de oportunidades, la protección de los derechos y el bienestar de la infancia y la adolescencia de Balears ha de ocupar un lugar central en las políticas públicas y los planes de reconstrucción, bajo la consigna de Naciones Unidas de "no dejar a nadie atrás".
Las principales consecuencias de la pasada crisis de 2008 no solo siguen presentes, sino que podrían hacerse crónicas si no se hace algo al respecto. Para más del 19,1% de los niños, niñas y adolescentes de Balears, la vulnerabilidad se está haciendo estructural y está produciendo una fractura en el contrato social que afecta a todas las personas. Los niños, niñas y adolescentes importan y su valor social va mucho más allá del ámbito doméstico; es un asunto de las familias, pero también de todos, y debemos hacer una apuesta política y social por ellos, porque es posible y es necesaria.
El pasado 19 de mayo, el Parlament balear aprobó una declaración institucional en relación con la infancia y adolescencia y la pandemia de la Covid-19, instando al Govern a proteger y garantizar sus derechos.
Desde Unicef Balears valoramos mucho esa declaración y queremos ir más allá, destacando cinco cuestiones prioritarias que consideramos que deberían formar parte de ese compromiso y consenso que todas las fuerzas políticas habrían de asumir en el proceso de reconstrucción económica y social tras la crisis provocada por la Covid-19: pobreza infantil, educación, participación, sistema de protección y la violencia contra la infancia.
La pobreza infantil es un problema creciente en este momento y que ya estaba presente antes de la actual crisis sanitaria y económica. Conocemos además que las familias numerosas y las familias monoparentales son los grupos más expuestos al riesgo de exclusión. Aunque no se conocen con precisión los datos actuales, es fácil deducir que la crisis sanitaria ha empeorado la situación debido a la precariedad previa o a la pérdida de empleo, y más aún en nuestra comunidad, donde los ERTE son muy numerosos.
La pobreza infantil no es solo carencia económica, sino un fenómeno multidimensional evitable que excluye a las personas de muchas maneras, generando desigualdad y discriminación social, educativa y económica. Y en la infancia, su efecto, duración y profundidad es mucho más grave que en un adulto.
Es necesario adoptar políticas de empleabilidad con perspectiva de infancia; de acceso y mantenimiento a una vivienda digna, poniendo el foco en los hogares con niños y niñas; asegurar el alcance y el acceso a la renta mínima de inserción y estudiar su armonización con el ingreso mínimo vital como instrumento principal para reducir la pobreza infantil; garantizar que los niños y niñas puedan tener acceso a recursos de ocio educativo, así como otro tipo de servicios que puedan garantizar sus necesidades emocionales y sociales. Y finalmente es necesario continuar asegurando las becas de comedor escolar como herramienta que asegura una alimentación equilibrada. Con respecto a la educación, y al igual que ocurre con la pobreza, ya existía brecha educativa y desigualdad de oportunidades en nuestro sistema educativo antes de la crisis. En el curso 2018-2019, solo uno de cada tres niños o niñas de 0 a 3 años accedió a la Educación Infantil.
La emergencia sanitaria y el consiguiente cierre de centros educativos han tenido un gran impacto en todos los niños y niñas por la interrupción del proceso educativo y socializador, y han aumentado la inequidad de los que ya antes eran más vulnerables y de los que están siéndolo ahora. La brecha digital no es solo material, tecnológica y económica, sino también de capacidades parentales y dinámicas de aprendizaje, de conciliación y de acompañamiento familiar, que ha conducido a una mayor desigualdad de oportunidades y al riesgo de abandono escolar temprano.
En este sentido, consideramos prioritario destacar la educación como herramienta fundamental para la igualdad de oportunidades, como mecanismo de equidad y entorno de protección contra la vulnerabilidad. Considerar la escuela como espacio de juego, relación y de intercambio cultural y social.
Para ello es necesario garantizar el funcionamiento seguro en la reapertura de las escuelas, asegurar la continuidad del aprendizaje mediante el seguimiento tutorial con los estudiantes y sus familias; y adoptar medidas que aseguren la inclusión de las personas y colectivos más vulnerables desde una perspectiva de equidad (niños y niñas en riesgo de exclusión, víctimas de violencia, abuso y maltrato, niños y niñas en situación de tutela por la administración, con discapacidad o migrantes no acompañados o refugiados entre otros).
Para esa inclusión sería muy conveniente: diseñar planes de refuerzo educativo ambiciosos y eficaces; asegurar el acceso a becas o ayudas al estudio; incrementar las plazas para asegurar un acceso universal y progresivo a la educación infantil de 0 a 3 años, priorizando a niños y niñas en situación de pobreza o exclusión; y, finalmente, introducir la perspectiva de protección de la infancia en la escuela, reforzando la figura del coordinador de protección y bienestar en los centros educativos.
El derecho a la participación es esencial para la construcción de una sociedad inclusiva y para hacer frente a la desigualdad. En el caso de la infancia, también lo es, ya que constituye un derecho inalienable que no puede relegarse en situaciones de crisis. Además, La ley 9/2019, de la atención y los derechos de la infancia y adolescencia de Balears contribuye a su promoción en su artículo 22. Incluir la participación de niños, niñas y adolescentes en el diseño de las políticas públicas para la salida de la crisis es necesario, así como potenciar su voz en la escuela como protagonistas que son de la comunidad educativa.
La situación de partida de los niños, niñas y adolescentes en el sistema de protección infantil ya es vulnerable y, por ello, es muy necesaria su mayor protección; entre ellos cabe mencionar el caso de los niños migrantes no acompañados.
Como señala la Convención sobre los Derechos del Niño, las administraciones públicas tienen una responsabilidad reforzada respecto a estos niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo su tutela. Para ello sería necesario garantizar los recursos para aumentar el acogimiento familiar; fortalecer las capacidades del sistema para hacer frente a necesidades específicas como la de niños y niñas con problemas de salud mental, niños con discapacidad o víctimas de trata (más aún después de los problemas ocurridos en Mallorca), o asegurar recursos para la emancipación de todos ellos.
Por último, no queremos dejar de hablar de un tema que debería de ser una prioridad tanto social como política: la erradicación de la violencia contra la infancia, destacando nuevos contextos que generan preocupación: las violencias basadas en desigualdad de género, el acoso y el ciberacoso, los delitos de odio, etc. Consideramos imprescindible que se pongan todos los recursos necesarios en la prevención, en la detección y en la protección de la infancia que sufre violencia física, psicológica y sexual.
En el camino hacia la reconstrucción que ahora estamos comenzando, si no se actúa a tiempo, si no se toman medidas urgentes, si no se crea una mesa específica para tratar los problemas de la infancia, esta crisis de la salud amenaza con convertirse en una crisis de los derechos de la infancia.
