La crisis 2008-2014, que lo fue del sistema financiero y luego se agravó con una crisis de deuda y el estallido de varias burbujas inmobiliarias en diversos países, recibió primero una repuesta keynesiana —el efímero e inútil 'plan E' de Zapatero formó parte de aquella estrategia— hasta que la comunidad internacional decidió optar por la solución clásica del ajuste brutal, que condujese cuanto antes al equilibrio presupuestario, fueran cuales fuesen los sacrificios que las sociedades afectadas debieran aceptar.
En España, la austeridad no comenzó, como tantas veces se ha escrito, con Rajoy. Zapatero, presionado por Bruselas, presentó el 12 de mayo de 2010 un recorte de 15.000 millones de euros —5.000 el año en curso y 10.000 el siguiente—. Un periódico anunciaba así la medida: "cinco millones de pensionistas, 2,8 millones de funcionarios, cientos de miles de ancianos necesitados de asistencia y los 400.000 nuevos padres de 2011 sufrirán en sus bolsillos las consecuencias del recorte. Las constructoras perderán un negocio de 6.000 millones de euros en obra pública y los países en vías de desarrollo dejarán de recibir 600 millones de euros de la cooperación española". Pero el gran recorte llegaría dos años después, de la mano de Rajoy, quien en julio de 2012 recortaba unos 65.000 millones de euros en los siguientes dos años y medio, incluyendo incremento de ingresos -una subida del topo general del IVA del 3%— y reducción de gastos.
Conseguimos salir de la crisis en términos macroeconómicos, después de haber solicitado el rescate de las cajas de ahorros, pero hasta el día de hoy —y han pasado ocho años— no hemos conseguido reducir el déficit, que continuó creciendo desbocado, ni muchos menos reequilibrar la sociedad española, que en este trayecto perdió gran parte de la clase media, experimentó una subida inclemente de la desigualdad y elevó la población en riesgo de pobreza por encima del 20%.
No tiene demasiado sentido debatir las similitudes y las diferencias entre la crisis de 2008 y la actual del coronavirus. Lo cierto es que la economía estaba en términos generales en buenas condiciones cuando se desencadenó la pandemia, de la que está derivando una cruda y profunda recesión. Pero esta vez, las instituciones económicas y las grandes potencias han coincidido desde el primer momento en que de ningún modo podían aplicarse ahora las terapias de antaño. Las presidentas del Banco Central Europeo, Christian Lagarde, y del FMI, Kristalina Georgieva, coincidieron en la necesidad de hacer justamente lo contrario: había que remontar la crisis inyectando chorros de liquidez de forma que la parálisis física debida a la pandemia no destruyese el tejido económico y posibilitaran el relanzamiento de la actividad, con recursos suficientes para impulsar la modernización pendiente: digital, económica y formativa.
El mensaje fue rápidamente recogido y asimilado por las dos grandes naciones de la Unión Europea, Alemania y Francia, y el eje francoalemán ha impulsado el plan de reconstrucción que acaba de aprobarse: España recibirá prácticamente sin costo una inmensa cantidad de más del 11% del PIB en los próximos seis años. Tiempo durante el cual deberá recuperar los equilibrios perdidos y reconstruir a un nivel satisfactorio el estado de bienestar gracias al cual hemos sobrevivido muchos a la pandemia. La idea de dotarse de estados modernos, capaces de proporcionar unos servicios públicos de calidad, prevalece sobre la desacreditada defensa de la austeridad, que en nuestro caso ha engendrado miseria y hambre y no se la puede tachar por tanto de virtuosa.
Tras el anuncio del acuerdo de Bruselas sobre el plan de reconstrucción, han seguido prodigándose viejos consejos de los conservadores españoles: en esencia, "bajar impuestos y flexibilizar el mercado laboral". El alborozo de los empresarios silenciaba tales anacronismos al celebrar las buenas noticias que llegaban de Europa, toda una enmienda a la totalidad al reciente austericidio. Es obvio que este no es tiempo de subir impuestos, pero sí de devolver los derechos sociales arrebatados a los trabajadores —en especial la prevalencia del convenio de sector sobre el de empresa— y de preparar el camino para una Hacienda ordenada que en el futuro ingrese el equivalente a las necesidades del Estado moderno y en que los ricos también contribuyan, como en el resto de Europa, al erario común.
