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Vía libre

De los actos del Rey responde el Gobierno

Los últimos juancarlistas, si todavía queda alguno en la sala, se estarán llevando las manos a la cabeza con la catarata de hechos bochornosos que detallan desde Suiza las andanzas del Rey emérito cuando todavía ostentaba la más alta representación del Estado y, en apariencia, aún ejercía su función representativa sin mácula. Don Juan Carlos ha echado por la borda todo su legado e hipotecado el futuro de la monarquía. En realidad lleva años en el empeño. Pero ahora ya no hay vuelta atrás. El momento no puede resultar peor para la institución: crisis económica, fragmentación política, destrucción del consenso en torno a la corona y fuerzas con representación parlamentaria que estarían encantadas de mostrarle a él y al rey Felipe el camino del exilio.

La ciudadanía tiene todo el derecho del mundo a demotrar sorpresa e indignación ante los hechos protagonizados por don Juan Carlos. Un presidente del Gobierno de España, no. Y resulta insultante que lo haga. La Constitución consagra la inviolabilidad del jefe del Estado, pero no se queda ahí. Su responsabilidad directa recae en quien refrenda sus actos, que siempre es el Gobierno de España o debería serlo, con la única excepción del nombramiento de los miembros y el personal de su propia Casa. En consecuencia, el rey Juan Carlos no debería de haber tenido en los casi 40 años de su reinado ningún margen de actuación separado de su función, ni como empresario, ni como comisionista. Y si lo tuvo por persona interpuesta era responsabilidad del Gobierno de España pararle inmediatamente los pies. Aunque dicho esto, hay que añadir que los presidentes dispuestos a inmolarse por el el Rey terminaron con Adolfo Suárez.

Con el líder de Podemos Pablo Iglesias encantado de abrir el debate sobre el futuro de la monarquía a toda prisa, como siempre lo está en dinamitar cualquier momento de estabilidad en beneficio propio, Pedro Sánchez pretende levantar el cerco de protección constitucional a la Corona, que no fue una injustificable prerrogativa de los padres de la Constitución, metiendo de paso en el mayor aprieto a Felipe VI, al que además obliga a actuar contra su padre para desligarse de su destino fatal ya dictado, como si eso fuera posible. El plan del Gobierno es promover una reforma de la carta magna para cambiar el Título II, operación que solo podría llevarse a cabo al final de la legislatura si se obtiene una mayoría cualificada para ello y que convertiría las próximas elecciones en un referéndum sobre la monarquía. El rey Felipe no necesita más enemigos. Están todos en el Gobierno.

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