El mismo Govern que convirtió durante la pasada legislatura la ampliación de Cabrera en su proyecto medioambiental estrella, mantiene ahora el parque nacional más importante del Mediterráneo en unas condiciones presupuestarias y de medios paupérrimas que no servirían ni para vigilar una reserva marina de pequeño tamaño. Cabe preguntarse si la voluntad política con el futuro del parque se agotó en 2015 con la foto de Francina Armengol anunciando muy contenta el proyecto en la proa de la embarcación con la que llegó en la ensenada natural del puerto, acompañada del entonces conseller de Medio Ambiente, Vicenç Vidal. Aprobada la ampliación en febrero de 2019, el conflicto abierto con el Estado por la gestión de la zona marítima ampliada sirve al Govern para tapar todas las carencias de su deficiente gestión, a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva el contencioso, lo que le regala un amplio margen para cruzarse de brazos.
Dos administraciones gestionando un parque nacional es un absurdo que va en contra de la continuidad ecológica del último paraíso que realmente nos queda en Balears. Pero a la vista del triste papel del Govern en la gestión del archipiélago quizá convendría evaluar si el traspaso de competencias de 2009 fue realmente positivo para la zona protegida o está peor ahora que entonces.
Lo denunció la organización ecologista GOB el pasado 26 de junio tras la última reunión del patronato. La nueva ley del parque nacional contemplada en el acuerdo ministerial está en vía muerta. El plan rector de uso y gestión caducó en 2012 y el Govern, ocho años después, todavía no lo ha renovado, hipotecando presupuesto, dotación de medios y personal y todos los proyectos que se deberían poder planificar sin miserias en un parque nacional como Cabrera. Para escurrir su responsabilidad no le sirve al Govern ahora volver a entonar el recurrente lamento del Madrid nos roba. No ha hecho sus deberes gestionando 10.000 hectáreas y pretende hacernos creer que lo hará mejor con las 91.000 actuales. El GOB denuncia que las carencias y problemas que sufre el parque pueden tener efectos negativos. Y pide expresamente al Ejecutivo que no demore más su responsabilidad y apruebe de una vez el nuevo plan de gestión del archipiélago, es decir, que lo dote de medios dignos.
