Refiere la crónica que el ayuntamiento de Santa Margalida modificó el pasado martes el contenido del acta municipal de un plenario de 1956 por el que se declaró a Juan March Ordinas Hijo Ilustre, para borrar todos los vínculos del financiero con el franquismo. Al parecer, en la susodicha acta, además de glosar los méritos d'en Verga en el campo de las finanzas y de la filantropía, se aludía a su contribución al "Glorioso Movimiento Nacional" que se alzó contra la república el 18 de julio de 1936.
La propuesta aprobada se basa en un informe jurídico, cuya autoría se desconoce, que concluye que los diferentes requerimientos recibidos por el ayuntamiento para retirar el título honorífico a March "no pueden ser atendidos en el actual marco jurídico", sin que se explique el motivo por el que no lo pueden ser. A continuación, el informe señala que debe dejarse de nombrar su participación en el Movimiento Nacional como "un mérito más". Si así se hiciera, el título de Hijo Ilustre dejaría de vulnerar las leyes estatal y autonómica de memoria histórica. Según el informe, si se suprime del acta de 1956 la referencia a su "ayuda" al golpe franquista, no se ven motivos para retirar el nombramiento, ya que obedecer a otros motivos, la consideración nacional e internacional de March o su obra filantrópica, no entra en colisión con las citadas leyes. Un fraude de ley. Monjo, una vez en posesión del informe, hizo la propuesta al pleno municipal defendiendo la figura de March. Lo comparó a Rockefeller y a Alfred Nobel, y aludió a su amistad con Churchill. En resumen, le valoró como una de las figuras más relevantes del siglo XX a nivel mundial.
Al hilo de lo expuesto, la primera cuestión que uno puede plantearse es el porqué no pueden ser atendidos los requerimientos para retirar el título. Existen numerosos ejemplos de retirada de títulos honoríficos al mismísimo Franco, a Pemán y a numerosos dignatarios de la dictadura. Al no citarse en la crónica los argumentos del informe para rechazar los requerimientos de retirada de honores, lo lógico es suponer que es porque no existen. De existir, sería interesante comprobar cómo se justifica por algún letrado la vulneración de las leyes. Una segunda cuestión reside en la afirmación del informe de que suprimiendo una parte del acta de 1956 se acaba con el problema, que no es un hecho ocurrido, sino un acta. Que yo sepa un acta es un documento escrito en el que se relaciona lo sucedido, tratado o acordado en una junta o reunión; también tiene la acepción de ser un documento oficial en el que una autoridad relaciona y certifica un hecho que presencia o autoriza. Que yo sepa un acta oficial no puede cambiarse una vez aprobada.
Monjo, pariente del mismísimo Verga, decía hace algunos años que era una máquina. Dediqué un artículo a glosar el funcionamiento de esta máquina. Sabíamos que era una máquina como la de Turing, que lo computa todo, hasta los pensamientos más recónditos y perversos de sus enemigos de izquierdas; que era como Terminator, que por mucho que se le dispare, se le bombardee o se le incendie, siempre se rehace, recomponiendo sus átomos, sus moléculas y sus mecanismos para hacerse con el poder que rojos y maricones como los del programa de Telecinco dirigido por Jorge Javier Vázquez siempre le disputan. Por mucho que les indigne, siempre vuelve a ostentar la alcaldía. Sabíamos todo eso; también que era, según sus propias declaraciones, una máquina de matar€ políticamente a sus adversarios; eso sí, con la sonrisa maquinal, inhumana, propia de una máquina. Lo que no sabíamos, lo infravalorábamos, es que también es una máquina de cambiar la historia por el expeditivo método de eliminar la documentación legal que da fe de los hechos.
Del salón de sesiones de ayuntamiento de Santa Margalida cuelgan retratos de sus Hijos Ilustres. Entre ellos, los de Juan March y el de Felicià Fuster, presidiendo. Si uno financió el vuelo del Dragon Rapide que llevó a Franco de Canarias a Tetuán para hacerse cargo del ejército de África, el otro, antes de servir a Solchaga y al PSOE ejerció de hombre de March y de procurador de las Cortes franquistas. Pero no se crean que esto se corresponde con un fervor específico de los habitantes de Santa Margalida. Después de una cruenta Guerra Civil, un enfrentamiento cainita con multitud de asesinatos en la retaguardia de ambos bandos, y el establecimiento de una dictadura asesina con miles de fusilamientos, una parte importante, seguramente mayoritaria, de los ciudadanos españoles vivió cómodamente instalada en el franquismo. De ahí las dificultades de la Transición a la democracia, objetivo de una mayoría que se identificaba, en los inicios de los setenta, de forma genérica, con los valores y libertades de las democracias europeas frente al aparataje institucional de la dictadura, sus nostálgicos seguidores y beneficiados de toda índole. También las dificultades de unas leyes de memoria histórica impulsadas por Zapatero que, más allá de eliminar símbolos lacerantes con las libertades, parecía que pretendían cambiar la historia y los vencedores de la Guerra Civil setenta años después. Las cuitas margalidanas, a las que se pueden añadir hechos tan relevantes como que una de las principales arterias de Palma lleve el nombre de March, un personaje que trasciende la dictadura, no son sino el reflejo de esas dificultades. Lo que no obsta para que no nos sigan tomando el pelo. La historia, para los historiadores.
