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José Pons

Política, ciencia, técnica y ética

Pedro Duque, Ministro de Ciencia e Investigación, no creo que esté en el gobierno, por sus méritos políticos sino por sus conocimientos científicos y por su brillante currículo profesional. Es solo un ejemplo, sin que quiera personalizarlo. Quiero decir que no se ha bregado en debates parlamentarios ni ha peleado en las agrupaciones de ningún partido para imponer sus ideas y obtener una nominación para un puesto. Como él, hay en este gobierno -y ha habido en otros anteriores- ministros con conocimientos de la materia de su departamento y ministros solo con méritos políticos. ¿Quién lo va a hacer mejor? Dependerá de muchos factores, pero no necesariamente de sus conocimientos científicos.

Viene esto a cuenta de un infame manifiesto que ha circulado solicitando, entre otras cosas, un gobierno de técnicos. Como si la política no fuese política y no tuviese que practicarse con criterios políticos. Hace muchos años decía un ministro de Felipe González "un Ministro de Hacienda tiene como obligación primaria convencer a los ciudadanos de que paguen impuestos. Si además sabe de economía, mejor". Durante mi carrera profesional como diplomático, me tocó oír a menudo el deseo de mis colegas de que el "nuevo" ministro (de Asuntos Exteriores (de cualquier partido) fuese un diplomático, pero si acudo a un ranking de los ministros que he conocido (15, nada menos), me encuentro en lo alto de la clasificación a Fernández Ordoñez, a Javier Solana y a Josep Piqué que no eran diplomáticos ni habían tenido experiencia alguna de política exterior.

Ni la ciencia ni la técnica son necesarias para ser un buen político, sin duda la ética sí. Willy Brandt, uno de los grandes políticos del siglo XX, solo tenía estudios primarios. Dimitió por razones de ética política pero no por incapacidad. La política sin ética se convierte en un infierno, en el escenario ideal para la mentira y el engaño. ¿Qué más da que lo que se diga no sea verdad si con ello se daña y ataca al adversario político?

En la crisis actual de la pandemia de Covid -19 estamos descubriendo que muchos ciudadanos son "capaces" de conocer la respuesta exacta a los problemas como si sus conocimientos científicos les aseguraran la rectitud de una decisión. Hay algo mucho más peligroso, los dirigentes políticos que opinan con total impudicia sobre cuestiones científicas y pretenden imponer sus opiniones particulares como las más razonables. Es el caso, sin ir más lejos del presidente Trump (con la lejía y la cloroquina) o del presidente Bolsonaro (con su "gripezinha" que al día de hoy ha causado la muerte a 43.389 brasileños).

La Covid-19 está poniendo a prueba la capacidad ética y profesional de los políticos, pero también de los ciudadanos, en ocasiones muy enfurecidos. Hay por lo menos dos cuestiones muy importantes para tener en cuenta. Una es ese tono de permanente enfado, de agresividad, de enfrentamiento que muestran por igual tanto políticos como ciudadanos. Da igual el color político, aunque los insultos de la extrema derecha son insuperables y la insensatez de la extrema izquierda es inmejorable. Siempre alguien debe tener la culpa de algo. No cabe el error. Y eso nos lleva a la segunda cuestión.

Para mí, hay una clara diferencia entre la responsabilidad política y la culpabilidad penal. Sin embargo, en España existe una enorme confusión. El superior no será culpable sino responsable de la labor de su equipo o de sus funcionarios. Tiene obligación de velar porque todo sea correcto. Obviamente un político será culpable y no solo responsable si comete una infracción (no digamos ya un delito). El político tiene la obligación de evitar lo que sea evitable y si pese a su vigilancia, se produce una ilegalidad o una incorrección de sus funcionarios deberá asumir la responsabilidad. Eso sí, el sentido ético de la política debería llevarle a la dimisión.

Decían Rafael Méndez y Ángel Villarino hace unos días en El Confidencial que en España cada vez que hay un accidente se corre a buscar culpables y ahora andamos enfrascados en la caza de los culpables de las muertes de la Covid 19. La denuncia contra el delegado del gobierno en Madrid por la manifestación del 8 de marzo es un buen ejemplo. Hay una gran confusión entre la responsabilidad política (dilucidable en el parlamento y en las elecciones) y la culpabilidad penal.

Aquello que parece no tener solución política, algunos quieren convertirlo en una pena de tribunales. Porque a toro pasado todos juzgamos muy bien lo que había que hacer. Y también porque algunos quieren que la política deje paso a la excelencia técnica como la capacidad máxima para solucionar los problemas, olvidándose de que la política es el arte de gestionar recursos escasos, no es administrar empresas con superávit.

Claro está que alguna dimisión de algún político, de vez en cuando, ayudaría a creer en el sentido ético de toda conducta política.

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