En esta ocasión no coincido con Felipe González en relación a su comparación del gobierno con el camarote de los hermanos Marx. Aunque confieso mi devoción por sus películas. Así como me parece ajustada mi comparación del gobierno nacionalista catalán con Sopa de ganso, al gobierno de España me parece más plausible compararlo con Mateo 7, 24-27: “Un hombre insensato, edificó su casa sobre la arena; y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina”. Me explicaré.
La mesa del Congreso ha rechazado con los votos de PSOE, PP y Vox, la formación de una comisión solicitada por Unidas Podemos, PNV, ERC, Junts per Catalunya, Compromís, BNG, CUP, Más País y EH Bildu, para investigar a Juan Carlos I por presunto blanqueo de dinero y delito fiscal posteriores a 2014, fecha de su abdicación (la vía del fiscalía del Supremo no está aún cerrada). El rechazo se ha fundado en el informe de los letrados del Parlamento. Sostienen que la inviolabilidad que proclama el artículo 56.3 de la Constitución es permanente; lo cual es susceptible de ser discutido. El PSOE se agarra a este para justificar su postura. Pero las posiciones políticas no las adoptan los letrados sino los diputados. Se puede interpretar, que la inviolabilidad, además de decaer con la abdicación, se refiere a los actos del Rey, que estarán siempre refrendados por el presidente del gobierno y, en su caso, por los ministros correspondientes, según el artículo 64 de la Constitución. Nos encontramos pues en una situación no contemplada en la Constitución, de unos presuntos actos que no pueden ser del jefe del Estado, pues no figuran entre sus competencias ni el blanqueo ni los delitos fiscales, ni han sido refrendados. Como en las matemáticas, podemos intentar una demostración al absurdo. En qué mente puede caber que si el jefe del Estado cometiera traición al Estado, no pudiera ser investigado por una comisión parlamentaria; o si cometiera un asesinato. La brillante Adriana Lastra justifica el voto en contra del PSOE argumentando que el Congreso sólo tiene competencia para controlar al gobierno. Falso. Tanto el artículo 57.3, 57.4, 59.2 y 60.1 muestran la competencia de las Cortes Generales para intervenir en la sucesión en la Corona, en la inhabilitación para el ejercicio de su autoridad o en el nombramiento de tutor del Rey menor de edad.
Lo anterior viene a cuento del edificio del gobierno. El evangelista Mateo tiene razón. Una casa construida sobre la arena, es decir sin cimientos anclados en la roca es víctima de la lluvia, de los fríos y de los vientos, también de los sismos, al final cae y es grande su ruina. Es obvio que el edificio de gobierno de un país, para asegurar su solidez, debe sustentarse sobre el cimiento rocoso de sus reglas de juego, es decir, de su Constitución. En nuestro caso no es así. El constructor del edificio es Sánchez que, como el hombre insensato de Mateo, es el insensato sin escrúpulos definido editorialmente por El País, la biblia española en prosa periodística. El hombre ha construido su gobierno, no sobre la roca firme de la Constitución, sino sobre la arena movediza de todos los que la odian y quieren destruir al Estado español; los que apoyan la comisión de investigación sobre el emérito son los que promovieron la moción de censura contra Rajoy, hicieron presidente a Sánchez y lo volvieron a elegir tras las elecciones de 2019. Lastra, que podría formar con Simancas el dúo más insolvente, sectario y marxiano del argumentario socialista, ha razonado que, con su rechazo a la comisión, han defendido al sistema democrático. Es falso. Defienden el statu quo del sistema político, que, reformando la Constitución, podría ser otro muy distinto pero igualmente democrático, bajo la forma de monarquía o de república, según decidieran los españoles. ¿Reflexionarán en algún momento sobre la insalvable contradicción entre sus pactos y sus razonamientos?
Pues sí, han venido la lluvia, los ríos y los vientos bajo la forma de la pandemia del coronavirus y el edificio del gobierno no tiene cimientos para aguantar el ímpetu de la embestida. Se vaticina una cifra superior a los cinco millones de parados y, en vez del 2% de crecimiento del PIB sobre el que se basaba la hoja de ruta pactada entre PSOE y UP, se manejan las previsiones menos pesimistas de una caída del PIB de un 10%; las más pesimistas, de hasta una de un 15%. La única esperanza para sobrevivir a la embestida es el cambio de posición de la UE respecto a la política de austeridad implementada tras la crisis de 2008. Se habla de hasta 140.000 millones de euros en transferencias, de los cuales unos 75.000 serían no reembolsables. Pero lo que todo el mundo tiene claro es que las ayudas que vengan de Bruselas van a tener condicionalidades, es decir, obligarán a determinados ajustes o reformas, (intangibilidad de la reforma laboral, ajustes en el sistema de pensiones etc.,) algo ya asumido por el gobierno. Frente a las declaraciones de Iglesias prometiendo al mismo tiempo flexibilidad y mantenimiento del programa pactado con el PSOE, signifique esto lo que signifique, la portavoz del gobierno ya ha dicho que se va a tener que adaptar la hoja de ruta pactada a las nuevas realidades creadas por la pandemia. La tarea que se ha impuesto Sánchez es comparable al empeño de cuadrar un círculo: la de compaginar un acuerdo para aprobar el presupuesto para 2020 con Ciudadanos con mantener el pacto de gobierno con UP. Incluso se ha hablado de alguna forma de pacto con el PP. A poco que UP visualice que sus apoyos electorales puedan pasarle factura, el edificio de este gobierno se hunde.
